En el marco del “decreto 70” -versión 2025- que prepara el Gobierno sobre fusiones y eliminación de organismos, varios de los entes ligados al campo quedarían bajo ese proceso. Aunque a nivel oficial hay un fuerte hermetismo, según pudo saber este medio el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) podría entrar en una fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fuentes consultadas hablan desde una fusión total a una fusión en ciertas áreas. La denominación 70 del decreto alude al megadecreto 70 de 2023 con el cual el presidente Javier Milei inauguró su gestión.
El tema estuvo en la mesa de reunión ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo; su secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el director de ARCA, Juan Pazo, y la Mesa de Enlace. Cuando los ruralistas, que fueron a hablar por las retenciones, preguntaron por este tema, los funcionarios deslizaron que la cuestión estaba bajo análisis. Sin más precisiones explicaron que si hay algún tema que INTA e INTI investigan a la vez, en función de la relevancia puede quedar para uno solo el trabajo de investigación con la fusión de áreas. Solo se habló del INTA y el mensaje de los funcionarios buscó ser tranquilizador, destacó el diario La Nación.
En las últimas horas se sumaron trascendidos de que, junto con el INTA y el INTI también habría una fusión con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para dar paso a un megaorganismo: el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico. Incluso por diversos ámbitos circuló un borrador con los objetivos del ente para los próximos años.
En el caso del INTA, en lo que va del gobierno de Javier Milei hubo retiros voluntarios y se acaba de rematar, tras una subasta que se condujo desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un edificio del organismo en la calle Cerviño 3101/67, en pleno barrio de Palermo a metros de la avenida del Libertador. Lo compró la firma Julián Álvarez 1986 SRL tras ofrecer US$18,5 millones. El proceso no estuvo exento del rechazo del gremio del INTA y de la advertencia de un fiscal. En rigor, Sergio Leonardo Rodríguez, fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, horas antes de la subasta reportó irregularidades y habló de una “llamativa premura” para llevar adelante la venta.
El INTA fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del decreto ley 21.680/56. Vale recordar que la Ley Bases le dio facultades al presidente Milei para fusionar o eliminar entes. En el INTA, para tener en cuenta, hay un Consejo Directivo donde las entidades del agro tienen voto y es el máximo órgano de decisiones.
Más casos
Según trascendió, otros organismos están en la lupa del Gobierno. Se trata del Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Hay insisten versiones de que la motosierra pasará sobre ellos y hay chances de una eliminación directa o una transformación muy profunda. Algunos anotan en esa lista al Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero.
“¿Y quién va a seguir haciendo tareas que son imprescindibles?”, se preguntaba una fuente, en diálogo con el diario La Nación, muy al tanto de los movimientos del Gobierno y su análisis sobre los respectivos organismos.
En el caso del Inase, por ejemplo, que funciona de manera descentralizada de la Secretaría de Agricultura, se encarga de registros de variedades, aprobaciones y fiscalizaciones, entre muchas tareas. Tiene servicios arancelados para la industria semillera que le aportan recursos propios.
La industria semillera, vale recordar, ha venido bregando en los últimos años por un fortalecimiento del organismo y una nueva ley de protección de la propiedad intelectual en autógamas como soja y trigo. Para las fuentes consultadas, si el Gobierno termina de avanzar sobre este ente de algún modo sus funciones deberían seguir en marcha por el área que se designe.
En cuanto al vinculado a la yerba mate, que nació en 2001 tras un reclamo de productores por los bajos precios cobrados, vale recordar que el gobierno de Milei le vació apenas asumió una potestad clave: le sacó el rol de fijar precios para la materia prima. Hoy los productores misioneros, por ejemplo, están reclamando que cobran precios muy por debajo a lo que recibían antes de la intervención oficial mientras sus costos subieron.
