Este lunes, los tribunales de Concordia vivieron una jornada crucial en el juicio contra Ramón Zabala, conocido como el «sanador» de la calle Las Heras, quien enfrenta graves acusaciones de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de cuatro mujeres. Durante la audiencia, los fiscales Francisco Paoli y Mauro Jaume solicitaron una pena de 30 años de prisión efectiva para el imputado, de 66 años, en función de la gravedad de los hechos y la abundante evidencia presentada en el juicio.
El caso, que se centra en hechos ocurridos en el consultorio del acusado, fue marcado por las conmovedoras declaraciones de las víctimas, quienes se mostraron decididas a exponer públicamente las agresiones sufridas.
Paoli destacó que la avanzada edad de Zabala hace razonable la petición de 30 años, considerando que el acusado podría acceder a la prisión domiciliaria debido a razones de salud. No obstante, el fiscal subrayó la importancia de que la condena sea efectiva, debido a las amenazas proferidas por Zabala hacia las víctimas.
En la misma jornada, los abogados de la querella, Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, pidieron una pena aún mayor: 36 años de prisión. Por su parte, la defensa del acusado, representada por Joaquín Garaycoechea, solicitó la absolución de su cliente. El tribunal, presidido por los jueces Pablo Garrera Allende, Silvina Gallo y Clara Mondragón, se prepara ahora para deliberar y emitir el veredicto, previsto para el próximo 26 de diciembre.
«Este juicio ha contado con una gran cantidad de pruebas y con el valiente testimonio de las víctimas, quienes han tenido el coraje de hablar y denunciar lo sucedido», dijo el fiscal Paoli a Radio Plaza. Asimismo, explicó que la pena solicitada refleja la gravedad de los cuatro hechos de abuso sexual cometidos, considerando las escalas penales aplicables a cada uno de ellos.
Respecto a la posibilidad de que Zabala pueda acceder a una prisión domiciliaria, Paoli destacó que el Código Procesal Penal autoriza la solicitud en caso de razones de salud o situaciones particulares, pero insistió en que la petición de la Fiscalía es que la condena sea de cumplimiento efectivo. «Uno de los elementos clave que fundamentan nuestra solicitud de prisión efectiva son las amenazas realizadas por el acusado a las víctimas. A una de ellas la amenazó directamente en la calle, y a otra le envió una carta anónima instándola a dejar de mentir», relató el fiscal.
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