Mientras el gobierno nacional celebra los avances en la llamada Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde en Uruguay y recibe nuevos impulsos de parte de sus promotores europeos, uno de los proyectos principales de ese programa, presentado como la mayor inversión en la historia del país, la refinería de combustibles derivados del hidrógeno propuesta por la multinacional HIF, genera gran inquietud por sus posibles impactos ambientales en territorio argentino.
En el V Foro de Inversión Europea en Uruguay: Renovables en Marcha, se suscribió ayer una declaración por la concesión al país de dos millones de euros, no reembolsables, en el marco del programa Euroclima. con la presencia estelar de la comisaría de Energía de la Unión Europea (UE), Kadri Simson, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, el ministro interino de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni; y el director nacional de Energía, Christian Nieves.
“Uruguay está en el camino de ser líder en el desarrollo y exportación de energías renovables”, afirmó Simson y puntualizó que cuenta con el apoyo de la Unión Europea para lograrlo. Esta misma declaración han hecho los representantes europeos a otros países de la región, como Argentina, Chile y Brasil. De esta manera, entablan una competencia entre los vecinos para establecer qué país ofrece las mayores concesiones para recibir las inversiones.
En esa misma línea, la ministra Facio manifestó que Uruguay se consolida, con el apoyo europeo, como un referente internacional en el desarrollo de energías renovables y se posiciona a la vanguardia en la transición de la matriz energética global. Con respecto al programa del hidrógeno, afirmó que el país prevé una inversión de 18 mil millones de dólares hasta 2040 y la creación de más de 30 mil puestos de trabajo, teniendo a la UE como el principal mercado objetivo.
Entre los proyectos presentados se destaca el del grupo HIF, cuya inversión ascendería a 6 mil millones de dólares. El proyecto propone la instalación de una planta sobre el río Uruguay, unos 8 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Paysandú, para producir 104 mil toneladas anuales (tn/a) de hidrógeno verde y, combinándolo con dióxido de carbono, generar 560 mil tn/a de metanol para convertirlas en 210 mil tn/a de gasolina sintética y 3.800 tn/a de aceite pesado.
La producción de hidrógeno utilizaría unos 9,5 millones de litros de agua extraída diariamente del río Uruguay y energía eléctrica de fuentes eólica y solar trasmitida a través de líneas aéreas de alta tensión por otras empresas instaladas en torno a 180 kilómetros de la planta de HIF. El dióxido de carbono provendría de las emisiones de la planta de bioetanol de ALUR y de la combustión de biomasa procedente de campos forestales, en una radio de 250 kilómetros de la planta.
La planta de HIF ocuparía 200 hectáreas en un predio de 440 hectáreas a orillas del río Uruguay. Además de descargar 1:475.000 litros diarios de efluentes en el río Uruguay, el área de influencia del proyecto estará sometida a las emisiones a la atmósfera de la producción de combustible y la quema de biomasa por tres chimeneas y cuatro antorchas, así como a los riesgos de explosión e incendio inherentes la manipulación y producción de hidrógeno y combustibles.
Llama poderosamente la atención que, al considerar la densidad y distancia de las poblaciones potencialmente expuestas a las emisiones y riesgos de la planta, HIF Global solo delimita como área de influencia del proyecto el territorio uruguayo hasta la orilla del río Uruguay. Es decir que ignora por completo los posibles impactos sobre la ribera argentina donde, a menos de dos kilómetros, se encuentra la ciudad balnearia de Colón, con una población de 58 mil habitantes.
¿Otro conflicto fronterizo?
Cuando hoy se recuerda lejano y tristemente el conflicto con los pobladores de Gualeguaychú por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM Fray Bentos) sobre el río Uruguay, que originó el bloqueo por más de cuatro años del tránsito de vehículos y personas por el Puente San Martín, la comunicación del proyecto de planta de combustibles HIF Paysandú presentada al Ministerio de Ambiente parece ideada expresamente para reproducir esa situación.
“El área de influencia directa del proyecto – señala HIF – se corresponde con un ambiente rural, con baja presencia de viviendas. Tampoco se identifican sitios sensibles (escuelas, hospitales, centros recreativos, etc.) en un radio de más de 3 kilómetros de la planta” (sic). Para justificar la ubicación, HIF expresa que las viviendas cercanas en territorio uruguayo estarían a salvo porque la dirección dominante del viento es noreste-suroeste, precisamente hacia la ciudad de Colón.
A media que se conocieron públicamente los detalles del proyecto de HIF, el respaldo del gobierno nacional, que anunció el acuerdo con la empresa, pero lo mantiene en secreto hasta el presente, y el del gobierno de Paysandú, que agilizó el cambio de categoría, de rural a suburbano, del padrón donde se proyecta la planta industrial, comenzaron a crecer las preocupaciones por los posibles impactos sobre la población y la actividad turística tradicional del lado argentino.
Varias entidades locales como la Asociación Hotelera, Gastronómica de Colón y los medios de comunicación de la Provincia de Entre Ríos están expresando sus inquietudes por los posibles impactos del proyecto de HIF. A su vez, la Asociación Argentina de Abogado/as Ambientalistas presentó solicitudes de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Cancillería Argentina sobre el proyecto y el dragado del río que estiman vinculado.
Los abogados solicitan a los presidentes de las delegaciones de Argentina y Uruguay en la CARU, Roberto A, Salafia y Mario D. Ayala Barrios, respectivamente, copias de la documentación existente en la Comisión del Proyecto de Planta de producción de Hidrógeno Verde en la Municipalidad de Paysandú y, especialmente, los estudios de impacto ambiental presentados por los proponentes, si los mismos fueron aprobados o en que etapa de desarrollo institucional se encuentran.
Además, solicitan copias de la documentación del proyecto de dragado a 34 pies en los tramos puerto de Nueva Palmira – Fray Bentos, si existen en esa proyección o menor, pero también de mayores profundidades en el canal de navegación, a las profundidades existentes en el tramo Fray Bentos, Paysandú – Colón y, especialmente, los estudios de impacto ambiental presentados por los impulsores de la iniciativa o desarrollados por los técnicos de la comisión.
Paralelamente, la asociación informó a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, las solicitudes realizadas a la CARU para que ordene a la delegación argentina en la Comisión que atienda sus demandas.
Aunque es muy difícil que la Comisión binacional brinde la información requerida, los abogados dijeron que están dando los pasos requeridos para llevar sus reclamos a todas las instancias necesarias.
El estatuto de la CARU le asigna al organismo jurisdicción internacional, independizándolo de los gobiernos que lo integran. Por esta razón, basta que uno de los gobiernos se oponga a un asunto para determinar la falta de resolución al respecto. Así ha pasado con las informaciones de los análisis sobre la incidencia de Botnia (UPM) en la calidad del agua del río Uruguay. Como no había acuerdo entre las delegaciones, los resultados estuvieron ocultos por años.
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