Al respecto, el senador y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (JxER – Federación), explicó que la iniciativa “apunta a beneficiar al buen pagador, a mejorar condiciones en algunas empresas para que se radiquen en la provincia y a corregir algunas alícuotas en algunas actividades sin escapar del Pacto Fiscal ya firmado en 2017, pero en algunos sectores que, pese a la crisis, aún mantienen muy buenos niveles de rentabilidad”.
El proyecto contó con modificaciones propuestas por el bloque peronista, que tiene mayoría, y se trabajó en reuniones de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, a las que asistieron representantes del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y l titular de ATER, Jesús Korell.
Por su parte, el senador Victor Sanzberro (PJ-Victoria) brindó detalles sobre los cambios introducidos. “Todas las correcciones que metimos son para que aquellos contribuyentes que no cuentan con los recursos para afrontar el pago de los impuestos mediante un único pago. Para que al menos puedan computar una parte del descuento si tienen al día el pago de los impuestos en el año anterior. Y lo hemos puesto a cubierto para que no le apliquen la inflación de todo el ejercicio fiscal 2024”, explicó.
Además, durante el debate, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se declara en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas, como así también, del estado de conservación de la infraestructura vial. El mismo fue enviado a la comisión de Obras Públicas.
También ingresó el proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo, enviado desde la Cámara de Diputados, por el que se crea el Régimen de Transición. Fue destinado a la Comisión de Legislación General.
En el turno de los homenajes, los senadores Jaime Benedetti (JxER – Gualeguaychú) y Martín Oliva (PJ – Uruguay) realizaron un recordatorio por el 170º aniversario de la elección de Justo José de Urquiza como el primer presidente constitucional de la Nación.
Por otro lado, la senadora Patricia Díaz (PJ – La Paz) envió una salutación a los habitantes de la localidad de Alcaraz por el 110° aniversario de fundación, a celebrarse el próximo 7 de marzo.
Asimismo, la senadora Nancy Miranda (PJ – Federal) brindó homenaje a todo el personal de la Policía de Entre Ríos, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, y a todas las mujeres de la provincia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se conmemora cada 8 de marzo.
Atenuar el impacto
A través de un comunicado de prensa, Sanzberro agregó: “Al aumento impositivo lo va a resolver el gobernador, no la Legislatura. Los impuestos bien se pudieron emitir. El gobernador cuenta con los instrumentos para liquidar y emitir el impuesto inmobiliario y automotor, y los contribuyentes lo esperaron durante febrero”.
“No nos corresponde explicar la razón por la cual no se emitió. Quizás el descuento se aguardaba como herramienta para la recaudación”, señaló, al tiempo que destacó “la responsabilidad con que desde el bloque tratamos este proyecto de ley que refiere a cómo se va a pagar, pero no brinda la medida del aumento del impuesto que está en el campo del ejecutivo”.
“Los recursos propios de la provincia no llegan a la cuarta parte de los recursos totales, las tres cuartas partes de los recursos de la provincia proviene de la Nación”, aseguró, al tiempo que dejó en claro que esta proporción “nos da la pauta de por dónde hay que buscar, y no es por el lado de indexarles los impuestos a los entrerrianos”.
Tras dejar en claro una vez más que uno de los ejes de la campaña Rogelio Frigerio fue la reducción de impuestos, el legislador hizo referencia a que las modificaciones del proyecto apuntaron a contener a aquellos contribuyentes que no pueden pagar al contado, sino en cuotas.
“No los salvamos del aumento del impuesto que se viene que puede llegar a ser del orden del 200%, pero tratamos de atenuar los impactos que el contribuyente deba soportar”, enfatizó Sanzberro.
También dejó en claro que el universo de contribuyentes es “amplísimo” pero que no se pudo conocer con exactitud porque ATER no proporcionó la información solicitada. “No obstante, pusimos sobre la mesa la voluntad y el compromiso desde nuestro bloque, y hemos sido receptivos para tratar con agilidad el asunto”, manifestó.
Luego brindó precisiones sobre los recursos propios y totales de la provincia, y ejemplificó: “El impuesto inmobiliario representa el 9 % de los recursos propios de la provincia y el 2 % de los recursos totales de la provincia, mientras que el automotor representa el 8 % de los recursos propios y no llega al 2 de los recursos totales”.
“Los recursos propios de la provincia no llegan a la cuarta parte de los recursos totales, las tres cuartas partes de los recursos de la provincia proviene de Nación”, aseguró, al tiempo que dejó en claro que esta proporción “nos da la pauta de por dónde hay que buscar, y no es por el lado de indexarles los impuestos a los entrerrianos”.
“Hay una dependencia de recursos del nivel federal que amerita y debe estimular el reclamo en la jurisdicción federal y no romperle la cabeza al contribuyente del impuesto inmobiliario o el automotor”, destacó el senador.
“Hemos sido responsables, pero si nuestra provincia tiene problemas las razones hay que buscarlas por otro lado”, dijo Sanzberro y brindó datos sobre la actualización del impuesto inmobiliario y automotor durante la gestión de Gustavo Bordet.
En 2023 el inmobiliario se actualizó entre un 40 y un 60%, en 2021 fue del 34% la actualización,
“El desafío es encontrar el equilibrio, Nuestras modificaciones son para no complicarle la vida a la gente, queremos que el descuento no deje afuera a los que pagan correctamente y no queremos que queden fuera los que pagan en cuotas. En definitiva, no queremos que descarguen el peso de la inflación en los contribuyentes”.
Cabe señalar que el bloque de senadores de Más para Entre Ríos logró imponer su criterio para debatir el proyecto de ley de reforma fiscal con modificaciones sustanciales vinculadas al índice por el cual el Poder Ejecutivo podrá actualizar impuestos. También eliminó artículos que incrementaban la burocracia en operaciones comerciales en el sector del transporte.
También se eliminó la posibilidad de que el Ejecutivo seleccione cualquier índice de los que se habían propuesto para actualizar los impuestos, e imponer el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que es un indicador vinculado a la evolución de los salarios de trabajadores públicos y privados. (Análisis)
