El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión debido a que registró viajes al exterior “que no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica” necesaria para ser beneficiario del programa.

El Gobierno oficializó la suspensión por tres meses del pago del programa Potenciar Trabajo a 22.501 personas, según fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión debido a que registró viajes al exterior “que no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica” necesaria para ser beneficiario del programa.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que conduce Pablo De la Torre, hermano de Joaquín De la Torre, exintendente del partido bonaerense de San Miguel, analizó los tres supuestos causales de quita del programa que estableció el Gobierno y encontró que fueron incumplidos al menos uno en estos 22.501 casos.

Los tres supuestos para la suspensión del plan, cuyo monto es la mitad del salario mínimo, son: en primer lugar, que una persona haya realizado un viaje mayor a 30 días a cualquier destino; en segundo lugar, que el viaje haya sido en avión o crucero; y en tercer lugar, que el destino del viaje haya sido fuera de América Latina.

En la resolución gubernamental, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de la cartera que dirige Sandra Pettovelo, afirmó que el proceso de revisión comenzó durante el Gobierno anterior de Alberto Fernández, cuando Victoria Tolosa Paz era la titular del ministerio de Desarrollo Social.

La cartera de Pettovello recordó que el 25 de octubre del año pasado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) “formuló denuncia contra los funcionarios responsables del otorgamiento y contralor del Programa Potenciar Trabajo y solicitó la suspensión o baja de planes sociales de beneficiarios que registraban viajes al exterior durante el período de vigencia de su prestación”.

Un mes más tarde, el 22 de noviembre, la Fiscalía Federal Número 8 “ordenó librar oficio al entonces Ministerio de Desarrollo Social para que informe cuál era el área encargada del control de ingreso y permanencia al plan ‘Potenciar Trabajo’, tendiente a determinar quienes se encuentran cumpliendo los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad para ser beneficiario del mismo”.

La administración liderada por Milei, un mes después de asumir, se presentó ante la Fiscalía Número 8 y le solicitó “autorización para el acceso a la Base de Datos del entrecruzamiento de los movimientos migratorios de los Beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”. La resolución también establece que el Ministerio ahora notificará a la (UFISeS) y a la Fiscalía Federal Número 8 de la decisión que tomó.

Las 22.051 personas tendrán derecho a reclamar, según fue establecido en el Boletín Oficial: “A partir del primer mes y durante el segundo mes de suspensión, el titular podrá presentar reclamo respaldado por documentación correspondiente, la cual será evaluada oportunamente por la autoridad de aplicación”. (La Nación)

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