La Cámara Nacional Electoral pidió información a la Justicia para saber si hay políticos involucrados en causas por narcotráfico. El máximo tribunal en cuestiones electorales busca prevenir el financiamiento de las campañas con plata proveniente de ilícitos. Advierten más riesgos cuando se trata de comicios por cargos locales.
De cara a la campaña electoral 2023, la Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió solicitar información a todos los tribunales a cargo de investigaciones penales por delitos relacionados con el narcotráfico «en los que se encuentren involucradas figuras de las organizaciones políticas».
Así lo informó este martes el máximo tribunal en cuestiones electorales, siendo el órgano a cargo del control del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales a nivel nacional, según la ley 26.215.
El pedido de información fue elevado a las Cámaras Federales de la Capital Federal y del interior del país y a los Tribunales Superiores de Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitaron se le informe a la Cámara si existen procesos penales vinculados con delitos por narcotráfico en los que se encuentren involucradas autoridades de un partido político, sus apoderados, candidatos o funcionarios públicos electos.
El tribunal integrado por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, resaltó «la necesidad de promover políticas institucionales para prevenir, detectar y sancionar el ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento de la actividad de las agrupaciones políticas».
Los magistrados señalaron que de acuerdo a «experiencia comparada», los intentos del narcotráfico para influir a través del financiamiento de campañas en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, «suele presentar más riesgos cuando se trata de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional».
A su vez, instaron a profundizar los lazos de cooperación entre las entidades estatales, tanto nacionales, provinciales y municipales, con el fin de intercambiar información para «prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito».
Para ello, la Cámara Nacional Electoral señaló la «conveniencia de que el Congreso Nacional evalúe la posibilidad de establecer un régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo».
En tanto no exista el régimen integral y unificado, sugirieron que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires firmen acuerdos interjurisdiccionales para impulsar acciones legislativas, operativas y de cooperación para el control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.
En marzo, la CNE había mantenido una reunión con todos los representantes de los partidos políticos de alcance nacional para analizar cuestiones vinculadas al sistema operativo de los comicios de este año. En ese encuentro, los jueces habían alertado sobre la necesidad de ajustar los controles en las provincias para detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito para las campañas.
En los comicios de este año, la preocupación está centrada en que varias provincias desdoblaron sus elecciones y en muchas de ellas no hay una legislación vigente para el control y fiscalización de las campañas.
Por lo tanto, cada distrito debería controlar el origen de los fondos de financiamiento político, «pero no hay rendición de cuentas provinciales».
Por eso, la Cámara Nacional Electoral avisó a los partidos en el marco de la reunión del Consejo Consultivo de marzo que no se va a quedar con lo que pongan en el balance sino que «van a tener que acreditar los gastos».
