Según lo confirmó el portal de noticias Era Verde, el coto de caza Punta Caballo de la empresa JRF Agro SRL no contaba con habilitación para caza mayor y los cazadores no tenían autorización provincial para practicarla. Se investigan otras irregularidades.

En octubre pasado, las ONG entrerrianas Conciencia Animal y Ecoguay presentaron una denuncia penal ante la justicia por el escandaloso caso del cazador mexicano Mario Alberto Canales Najar, presidente de la Federación Mexicana de Caza y Tiro, quien murió embestido por un búfalo al que intentaba matar.

Según la fuente, desde la Dirección General de Fiscalización de la Provincia a cargo de Juan Manzur se aportó documentación que indica que los tres cazadores mexicanos -Canales Majar, Franco Fernández y Esteban González- solo contaban con permiso para practicar caza menor y que el coto de caza tampoco estaba habilitado para ejercer dicha actividad (caza mayor).

La investigación destapa la absoluta impunidad con la que operan los cotos de caza en Argentina y la incapacidad del Estado para fiscalizar y controlar a estos establecimientos. Además, reabre el debate de si se debe seguir permitiendo la práctica de una actividad tan cruel, violenta e irresponsable que sigue destruyendo nuestro patrimonio natural para beneficio económico de unos pocos.

En cuanto al avance de las investigaciones, se estima que con el correr del año judicial comiencen a tramitarse los oficios para averiguar sobre las demás autorizaciones con que debían contar tanto los cazadores como el coto y el propietario del predio donde se alojaron. Entre ellas, la autorización para la posesión de un arsenal de armas y municiones con que contaba el coto.

Era Verde – ElDía