Julio Rodríguez Signes recordó que el «IOSPER recurrió a la fiscalía porque se encontró con esta situación, donde los aranceles del Colegio de Odontólogos son muy superiores a los de las distintas asociaciones que los agrupan».
El conflicto ya lleva aproximadamente un año y no parece tener vías fáciles o rápidas de solución. Mientras, cada vez más afiliados entrerrianos se quedan sin cobertura odontológica pese a tener los beneficios de una obra social.
Como se explicara oportunamente, la problemática expone una puja histórica entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER) y las obras sociales por la regulación de los honorarios profesionales.
Todo esta situación no hace más que saturar la demanda de los efectores públicos, con las consecuentes demoras que eso trae aparejado.
Fiscalía
En contacto con Diario Río Uruguay, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, comentó que «la potestad para fijar los aranceles corresponde al Poder Ejecutivo».
«No hay que olvidar que los colegios profesionales son personas de derecho público no estatal», precisó. Insistiendo que – por tanto – «la potestad de regular los aranceles, respecto de los odontólogos, es del Poder Ejecutivo provincial».
IOSPER
El fiscal explicó que «como el Poder Ejecutivo no ha actualizado los aranceles, le aconsejamos al IOSPER que tome como referencia los aranceles de las asociaciones, no del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos».
Consultado acerca del porqué de la extensión del conflicto, Rodríguez Signes dijo que «a veces pasa, pasó con los anestesistas, pasa con la Federación Médica». Según mencionó, «no es que el IOSPER está obligando a cobrar determinados aranceles sino que – en los convenios que está proponiendo – se estima un arancel de acuerdo a su presupuesto».
Intervención
«Creo que el Colegio ha intimado a sus afiliados para que no suscriban convenios con el IOSPER y eso es una situación grave», planteó el fiscal de Estado. En ese sentido, afirmó que «puede llegar a intervenir la Provincia, a través de la autoridad de aplicación de la ley, que es la Secretaría de Salud».
La problemática continúa, sigue afectando a los afiliados «e inclusive se puede llegar a judicializar si es que el Colegio decide sancionar a algún profesional», alertó Rodríguez Signes.
