El referente de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en la Ctera, Fabián Peccín, cuestionó la decisión del gobierno nacional de recortar y avanzar con un ajuste los presupuestos en distintas áreas, en especial la del Ministerio de Educación. De esa manera, se verán afectados los programas de infraestructura y el plan Conectar Igualdad.
«Expresamos nuestro más enérgico repudio desde CTERA en función de los recortes de 50 mil millones de pesos que se proponen o se van a ejecutar desde el Ministerio de Economía. Este ajuste que significa un retroceso en el paulatino mejoramiento de la educación pública que se empezó a revertir en este último año», cuestionó para alertar: «Entendemos que en estos momentos tan difíciles para la comunidad educativa, la educación debe ser prioritaria y se debe fortalecer con más recursos, con más inversión».
Para el dirigente gremial «justo cuando se empezaba a revertir la situación tras dos años de pandemia se anuncian medidas de ajuste en el sistema educativo».
«Luego de cuatro años de ajustes y recortes en políticas públicas educativas durante el gobierno del macrismo, donde hubo desfinanciamiento, caída del salario, cierre de la paritaria nacional docente, reducción del presupuesto, cierre de programas, deterioro en los establecimientos educativos, nula construcción de edificios escolares, desarticulación del Programa Conectar Igualdad, entre otras medidas, y cuando se empezaba a revertir esta situación tras dos años de pandemia, el Ministro de Economía ahora anuncia un ajuste en el Sistema Educativo», detalló Uno.
Ajuste
Se supo que el Gobierno nacional dispuso una modificación del Presupuesto de este año por $210.000 millones, transfiriendo recursos de diversos programas públicos para asistir al Tesoro Nacional.
A través de la Decisión Administrativa 826/2022 de la Jefatura de Gabinete, publicada el lunes en el Boletín Oficial. se realizó una modificación en el presupuesto vigente de la Administración Nacional “en función de la ejecución registrada a la fecha” y con el objetivo de “efectuar una adecuada administración de los créditos vigentes”, según señalan sus considerandos.
De esta forma, se dispuso una quita de $ 210.000 millones a diferentes áreas públicas, incluyendo $ 70.000 millones destinados a los programas de Gestión Productiva, de Promoción de la Productividad y Competitividad Pyme y de Financiamiento de la Producción del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.
De la misma manera, se restaron $10.000 millones del Ministerio de Transporte, abarcando programas de mejora del Ferrocarril Roca (Ramal La Plata), la construcción de la Torre de Control del Aeropuerto de Ezeiza; y en políticas de movilidad integral y de transporte fluvial.
En tanto, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se redujo en $50.000 millones con sustracciones en programas de infraestructura penitenciaria, social, ambiental y de recursos hídricos.
Por último, se sustrajeron $ 50.000 millones del Ministerio de Desarrollo Territorial, $ 50.000 millones del Ministerio de Educación, en sus programas de infraestructura y equipamiento, fortalecimiento edilicio de jardines infantiles, y Conectar Igualdad; y $ 10.000 millones en el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitibles del Ministerio de Salud.
