El 11 de noviembre último, Jorge Nicolás Martínez, acusado de haber asesinado a su expareja Florencia Fátima Acevedo, fue enviado a juicio oral y público, ante un jurado popular y por los delitos de lesiones agravadas y defraudación, ambas en grado de tentativa; y homicidio calificado por el vínculo y femicidio. La Fiscalía adelantó que en el juicio pedirá la pena de prisión perpetua.
Fátima Acevedo desapareció el domingo 1° de marzo y su cuerpo fue hallado el domingo 8, Día Internacional de la Mujer, en el fondo de un pozo, cerca de la casa de su expareja.
Martínez será juzgado por un jurado popular. Las audiencias se desarrollarán los días 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero próximos, a partir de las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de los tribunales de Paraná.
La jueza técnica será la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno. En tanto, el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani; en representación de la querella actuará la abogada Alejandra Pérez y el abogado Milton Urrutia. El imputado Martínez será asistido por el defensor oficial Jorge Sueldo.
La selección de los 12 jurados será en una audiencia en Tribunales el 19, a las 9.
La Fiscalía le hace tres imputaciones a Martínez: 1) el 31 de enero, en la casa que habitaba junto a Fátima Acevedo, en una relación caracterizada por la violencia, le arrojó ácido muriático en la cara, sin lograr su cometido; en otro episodio, afiló una cuchilla frente a la mujer, con gesto amenazante; también este año, y estando vigente las restricciones impuestas por la Justicia, el 1° de febrero retuvo contra su voluntad a Fátima, con tuvo una relación desde el año 2014 y fruto de la cual nació un hijo; 2) el 2 de marzo, un día después de la presumible muerte violenta de Fátima, Martínez intentó operar con su tarjeta de débito en la sucursal del Bersa de Gualeguaychú y Alsina, sin éxito por cuanto ya estaba bloqueada; y 3) el femicidio ocurrido el 1° de marzo.
Fátima Acevedo tenía botón antipánico mientras permaneció alojada en la Casa de las Mujeres, que depende de la Municipalidad de Paraná. Hasta ese lugar fue derivada luego de la intervención de Fiscalía a raíz de una denuncia por violencia de género de principios de febrero.
El domingo 1° por la mañana salió de la Casa de las Mujeres a encontrarse con su expareja, Jorge Martínez. Habían hablado antes de la posibilidad de comprar un teléfono celular por Mercado Libre, y por eso es que ella salió a encontrarse con su ex, a quien había denunciado por violencia de género. Después de ese encuentro a Fátima no se la volvió a ver sino hasta la mañana del domingo 8 de marzo, cuando su cuerpo fue hallado en un pozo, de 18 metros.
En casa
Jorge Julián Christe espera el inicio del juicio por jurados por el femicidio de su expareja Julieta Riera alojado en la casa de su madre, con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. El lunes 1° de marzo, a las 18, ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Elvio Osir Garzón será la audiencia de admisión de pruebas. De momento, no se ha puesto fecha a las audiencias que seguirán después en las que Christe será juzgado por un jurado popoular.
La acusación del fiscal Ignacio Aramberry dice que el jueves 30 de abril, entre las 2,30 y las 2,50, Jorge Julián Christe, 31 años, de ocupación piloto de avión, sin trabajo estable, hijo de Jorge Luis Christe, jubilado, y de la exjueza Ana María Stagnaro, asesinó a María Julieta Riera, 24 años, con quien convivía en un departamento del octavo piso del edificio de Peatonal San Martín 918 en una relación caracterizada por “la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas ”.
Aramberry le imputó a Christe el delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”.
En la acusación, el fiscal destacó un hecho particular: el hombre, luego de dar muerte a Julieta Riera se dirigió, dizque en moto, hasta la Jefatura Central de Police, en el Centro Cívico, para denunciar la muerte de su pareja en un “ accidente ”. No obstante, Christe, luego de haber formulado esa denuncia sobre la muerte de Julieta, fue revisado por médicos que determinaron que en su cuerpo tenía signos de haber mantenido una lucha física.
Basándose en los informes forenses, la Fiscalía aseveró que para producir la muerte de Riera, Christe agredió físicamente a su pareja “y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón del departamento 5 °, del octavo pis, del edificio de calle San Martín Nº 918 de esta ciudad, desde 19,38 metros de altura, produciéndose la muerte (…) Producto de las graves lesiones sufridas al impactar su cuerpo sobre el techo de una habitación ubicada en la planta baja de la edificación lindante ”.
Reproche de la Procuración
Los juicios por jurados en dos femicidios de alto impacto mediático se desarrollarán aún cuando la Procuración instó a los fiscales, en diciembre último, a poner reparos a ese tipo de procesos.
Como informó Entre Ríos Ahora, los fiscales de la Provincia fueron instruidos para que, previo a elevar a juicio por jurados una causa en la que estén involucrados los delitos de violencia de género, femicidios, abuso y en los que estén involucrados niños o adolescentes se deberán pedir previamente la opinión de la víctima si quiere someterse a un jurado popular o prefiere que su caso sea juzgado por un juez técnico.
Una instrucción que dio a conocer el martes 22 de diciembre el Consejo de Fiscales -que reúne a los fiscales de coordinación de la Provincia- observó que la Ley de Juicio por Jurados N° 10.746 establece que deberán ser “obligatoriamente juzgados por jurados” los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 20 años o más de prisión, “sin hacer ningún tipo de discriminación o salvedad, y sin prever procedimiento especial para los casos de delitos que tengan connotación de género, violencia contra las mujeres y para los abusos sexuales, incluso aquellos que tengan por víctimas presuntas a niñas, niños y adolescentes”.
En opinión del Ministerio Público Fiscal, en la sanción de la Ley de Juicio por Jurados se “ha pasado por alto” que “existe la posibilidad cierta de revictimización secundaria grave, al colocar a una víctima de violencia de violencia de género y sexual ante la necesidad de brindar su relato y exponer los hechos de los que fue víctima y demás circunstancias de vida relevantes, no ya ante las autoridades especializadas, sino frente a un jurado de doce personas de su propia comunidad”.
Entre Ríos Ahora
