La denuncia pública de una alumna de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCU puso en evidencia la invisibilización sistemática del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de las instituciones educativas.
Hace dos años que Noelia Romero Pared persigue el mismo objetivo: aprobar la última materia que la separa de su título de abogada. Tiene 31 años y una sonrisa a todo trapo. Su diagnóstico es parálisis cerebral con cuadriparesia espástica, producto de una complicación al momento de nacer. Sería correcto decir que Noelia llegó a la vida luchando.
Podríamos sucumbir ante el poder marketinero del enunciado motivador: Hablar de una historia de superación personal ya que, por menos de lo que ha enfrentado Noelia muchos profesionales habrían desistido de la búsqueda de un título universitario, y sin dudas, su perseverancia ha sido el motor que la enciende. Pero lo que no podemos perder de vista, es que la historia de Noelia se trata, sobre todo, de la invisibilización sistemática del colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de las instituciones educativas.
Pretender que Noelia es una excepción en el sistema, es negar la realidad. Es ser cómplices del ejercicio de una falsa normalidad que existe con el único propósito de garantizar la correlación de poder que alimenta la existencia de estereotipos que le cuestan demasiado dolor a personas que afrontan el agotamiento diario de esforzarse por pertenecer a espacios que no solo no las incluyen sino que las expulsan.
Podría comenzar mencionando lo evidente y contar que el edificio del Centro Regional de la Universidad de Concepción del Uruguay, actualmente ubicado en Luis N. Palma 1125 – en Gualeguaychú- no cuenta con rampas ni en el acceso a la institución, ni dentro de sus instalaciones, ni con ascensor, ni siquiera con un sanitario para personas con discapacidad. De esta manera, es el edificio quien nos da el primer mensaje inequívoco sobre el enfoque institucional respecto al derecho a la accesibilidad, en términos físicos, pero también sirve como anticipo de algunas cuestiones que aparecen si miramos la realidad de la institución desde una perspectiva de inclusión en la educación y, concretamente, en la formación de profesionales que deberían velar por el cumplimiento de aquello que hoy reclama en voz alta Noelia: “La inclusión no es un premio, es mi derecho”.
Noelia exhibe orgullosa su carpeta de antecedentes: impecable, con los diplomas prolijamente ordenados en folios transparentes, cuenta que egresó de la escuela secundaria con un promedio de 8,19. Que cursó las 40 materias que integran la currícula de Ciencias Jurídicas de la UCU y que aprobó “sin mayores dificultades” 39 de ellas: “además de otras seis materias extracurriculares”, agrega Noelia, presa de ese esquema que le exige que demuestre que lo que ha hecho, pese a ser diferente, es suficiente. Es que en los últimos días, la historia de Noelia estalló en los medios de comunicación de toda la provincia, obteniendo en primer término un resultado que hasta ahora no habían conseguido ninguna de las notas presentadas por su abogada a la institución: Que la UCU diera una respuesta constante y sonante, escrita en un papel, aunque sea para defender su buen nombre, re victimizar una vez más a Noelia y destacar su condición de «excepción» en la institución.
“Lo primero que hice fue buscar en el reglamento de la UCU si estaban contemplados los principios que establece la Convención sobre los derechos para las personas con discapacidad, puntualmente el artículo 24 que habla de los ajustes razonables que garantizan la inclusión en todos los niveles de la educación. Pero para sorpresa y decepción, no existimos”, dijo Noelia. La Convención a la que hace referencia fue reconocida en nuestro país hace 12 años bajo la sanción de la ley nacional 26. 378: cumplir la ley no debería ser una opción y 12 años es un tiempo más que generoso para adaptarse.
“Todo esto está afectando no solo mi vida personal –dice Noelia mientras me cuenta que se prepara para empezar un tratamiento para soportar los fuertes dolores musculares que sufre ante las múltiples contracturas que le imparte su condición física- está afectando también mi parte laboral, no puedo trabajar y necesito hacerlo”.
13 VECES NO
El jueves 5 de noviembre fue la decimotercera vez que Noelia rindió el examen de Forense III en un período de dos años. Luego del peregrinar con notas que fue presentando con el acompañamiento de su abogada, la Dra. María Marta Simón, realmente creyó que esta vez podía ser la última. Ante el mismo resultado Noelia comenzó a hablar, a enunciar un reclamo que por largo tiempo fue acumulando argumentos en medio de tanto ostracismo institucional. La repercusión fue inmediata: el escándalo en las redes se asemejó al tamaño del atropello que Noelia enumera con lujo de detalles, ahora sin miedo.
El lunes pasado, Noelia contó a R2820 que su “trayecto académico no tuvo complicaciones hasta Forense III, una materia práctica. El problema es el final de esa última materia, el cual establece una verdadera barrera de acceso a un examen que me permita mostrar mis conocimientos y cumplir mi objetivo que es recibirme y poder ejercer”.
“Pido que cambien la modalidad del examen. Es algo tan simple de hacer y se ha vuelto tan complejo, por eso para mí es difícil explicar la angustia que siento, incluso la bronca, aunque jamás me voy a dar por vencida”, asegura Noelia.
“Desde la institución no se me ha convocado, más allá que le he planteado a varias autoridades mi situación. Pero cada vez que voy a rendir me encuentro con el mismo final, no han hecho más que re victimizarme”, asegura Noelia a la vez que explica su pedido una y otra vez: “Un ajuste razonable tiene que ver con un examen que se ajuste a mi condición y no yo al examen. He presentado diferentes alternativas y desde la cátedra no se muestra el más mínimo interés. Hay opciones como que por ejemplo el examen sea oral, entre otras que he planteado”.
El titular de la cátedra Forense III es el Dr. Eduardo Maiztegui Marcó, quien además de ser docente de la carrera de Ciencias Jurídicas de la UCU, es funcionario público. Maiztegui Marcó se desempeña como secretario en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay desde 1991 y conformó a principios de este año la terna de postulantes para la titularidad del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2, cargo en el que fue confirmada la Dra. María Isabel Caccioppoli a comienzos de octubre.
La abogada de Noelia remarca que el examen que propone la cátedra es “siempre el mismo, con alguna variante pero sin responder a lo que establece la ley en cuanto a los ajustes razonables requeridos”. Y enfatiza: “La decisión es de titular de la cátedra”.
“Noelia necesita recibirse, terminó de cursar todas las materias de la carrera a mediados del 2018. Solicitamos una especie de beca a la institución para que no tuviera que pagar la matrícula y la cuota mensual por esta única materia, pero ese beneficio concluye este año y dada la situación, no sabemos qué va a pasar”, sostiene la abogada.
“Ante la falta de respuesta, no nos queda otra alternativa que no sea acudir a la vía judicial, pero encontrarnos en la situación de solicitar que se cumplan los derechos de una persona con discapacidad mediante la intervención de la Justicia, nos parece lamentable”, consideró la abogada.
“Pasé tres veces por instancias de tutorías, hice todo lo que tenía que hacer, y mucho más. Estoy contando esto para que nadie más pase un situación similar. UCU tuvo tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios, para mostrar interés”, sumó Noelia.
“Yo quiero, puedo y necesito trabajar porque hice la carrera y porque me lo merezco. Hay un prejuicio contra las personas con discapacidad, si la institución tiene un docente que tiene ese prejuicio, que se haga cargo de eso”, fustigó.
“NO TENGO QUE PARECERME A NADIE PARA RECIBIR EL PREMIO DE QUE ME INCLUYAN”
Como si fuera necesario, Noelia insiste con volver a aclararlo: “No estoy pidiendo privilegios, los ajustes razonables en educación son mi derecho. No quiero coronita, no pretendo sacar ventaja de mi discapacidad, ni ninguna de las barbaridades que tuve que escuchar todo este tiempo”.
Cuando Noelia habla, se abren paso en cada frase las profundas huellas de la discriminación: “Cuando cuestionan mi capacidad cognitiva, cuestionan mi capacidad para ejercer como abogada. Todo esto que digo no es solo porque lo viví sino porque me formé al respecto. No tengo que andar presentando mi diagnóstico para justificar nada, no tendría que haber pasado por todo esto”.
“La inclusión educativa apunta a la igualdad y la equidad, yo no soy igual a los demás: pertenezco a un colectivo vulnerable que requiere de los ajustes necesarios para poder acceder a posibilidades equitativas, pero esto es imposible si no hay un mínimo de empatía. Yo no tengo que parecerme a nadie para recibir el premio de que me incluyan”, dispara Noelia contra la meritocracia más rancia y dañina.
Noelia es excepcional pero no es la excepción. Como tampoco lo es una institución que reproduce la lógica de una sociedad profundamente discapacitante. ¿Puede darse la espalda a derechos adquiridos y consignados en las leyes vigentes sin que ocurra nada?
Noelia tiene derecho a elegir sus batallas. Tiene derecho a gozar de iguales oportunidades a las que accedemos el resto de las personas y sobre todo, tiene el derecho a no ser igual a nadie, a no tener que padecer el sometimiento a estructuras violentas que pretenden reducirla, imposibilitarla, que le niegan su autonomía, que susurran a su oído que es normal que pague el precio de ser distinta, que la discapacitan. Tiene derecho a no ser una heroína, a no tener que esforzarse a diario para cubrir las expectativas del resto.
El lunes pasado Noelia se descalzó, sacudió sus zapatos y comenzó a transitar un camino distinto. Mientras tanto, al borde de todo, cayéndose del mundo que intentamos construir, planchan sus corbatas los multiplicadores de piedras.
Fuente: Paola Robles Duarte para R2820.
