Hubo discordia entre el Poder Judicial y la Policía por el traslado de detenidos en libertad luego de ser imputados por causas de violencia.
En los últimos días surgió un nuevo cruce entre autoridades judiciales y de la Policía, luego de que se le solicitara a la fuerza de seguridad provincial “la colaboración” para el traslado de personas en libertad. La Policía y el Servicio Penitenciario tienen la tarea establecida de cumplir con el traslado de detenidos y condenados que están judicializados, y efectuar el viaje desde las unidades penales hasta los Tribunales a cumplimentar los trámites de las causas. Por el tenor de las distancias a cubrir, es que desde el gobierno se le había solicitado al Poder Judicial reducir los viajes para no ocasionar tantos “gastos”, de personal y de móviles, por cuestiones administrativas menores del expediente, y que podrían resolverse con la utilización de medios técnicos e informáticos.
Se ordenaba a las jefaturas de Policía trasladar hacia otras ciudades a los detenidos en sede policial, o bien desde los penales. El pedido tenía el objetivo de no mover tantos vehículos por trámites que se podían solucionar con la ejecución de audiencias no presenciales con el uso de Internet.
A regañadientes se tomó la propuesta, sobre todo para no seguir con la modalidad de años de tener a disposición de los fiscales o jueces, móviles policiales, casi por exclusividad, desatendiendo las tareas operativas y de seguridad en las ciudades.
Se aclaró que la Policía no iba a tener inconvenientes en seguir trasladando hacia Tribunales o hacia sus domicilios a las víctimas de hechos delictivos, o bien los detenidos que no podían ganar la calle por contar con prisión domiciliaria o preventiva en las unidades penales.
Colaboración y orden
En las últimas horas se registraron cruces entre jefes policiales y de la Justicia por el traslado de personas judicializadas que se encuentran en libertad.
Se conoció que el primer malestar de la Jefatura Central fue por la postura permanente de un par de magistrados -no se darían cuenta de la situación que vive el país y la provincia-, de seguir disponiendo discrecionalmente de móviles policiales y personal uniformado.
Los ejemplos dados a UNO llamaron la atención por la falta de sentido común de algunas autoridades judiciales. Se dio el caso de dos incidentes penales, con la judicialización de dos personas -una de Viale, y la otra de Bovril, que fueron denunciados por violencia de género.
Sus parejas los denunciaron de situaciones muy graves, por lo que fueron puestos a disposición de la fiscalía de Violencia de Género. A los dos hombres, por hechos diferentes, se los imputó y se les dictaron las correspondientes restricciones para no acercarse a las víctimas y de fijar domicilio en otra parte de las localidades o bien fuera de ellas.
El conflicto surgió cuando desde la Justicia de Garantías, a pedido de la Defensoría Oficial, se le “pidió la colaboración” a la Policía para llevar a los dos imputados a sus domicilios.
Habían recuperado la libertad, por lo que ante el pedido, desde la Policía se le pidió no desafectar móviles de las calles de Paraná para recorrer varios kilómetros de ida y vuelta para cumplir con la solicitud de Tribunales.
El primer traslado era a Bovril, y el segundo a Aranguren, en el Departamento Nogoyá.
En este segundo hecho, se conoció que el imputado de Violencia de Género tuvo que ir a residir por un tiempo a la casa de su hermana, ya que no tenía autorización para regresar a Viale. Esta persona estuvo siendo investigada por el crimen del tambero Julio Trossero.
En definitiva, se deberían disponer dos móviles y cuatro uniformados para cumplir con “la colaboración”. Y frente al pedido de revisión de la medida, por la que se pidió que las personas en libertad llegaran a sus domicilios por sus propios medios, llegó a la Policía la orden judicial que exigía cumplir con los traslados, bajo apercibimiento de sancionar y denunciar a los funcionarios policiales que no cumplieran con la resolución. De esa manera, se dispuso bajo protesto del traslado de los acusados de Violencia de Género a los domicilios fijados.
Por esas dos órdenes, dos móviles, cuatro policías, sumado al gasto de combustible y otros insumos, se hicieron alrededor de 400 kilómetros para cumplir con las resoluciones. Un nuevo enfrentamiento, y un nuevo cruce, que ya viene por algunas posturas de magistrados, la respuesta del jefe de Policía, Gustavo Maslein, y el pedido de tratar entre todos los sectores del Estado de ahorrar y reducir los gastos innecesarios.
Alternativas
Ante esto, se le sugirió a las autoridades del Poder Judicial, optar por utilizar algunos de los numerosos vehículos oficiales con que se cuenta en la flota de Tribunales, disponer de los choferes que podrían ser acompañados por algún uniformado, y que el combustible y otros gastos vinculados con el traslado de personas en libertad sean afrontados con fondos de la Justicia, la Defensoría Oficial, la Procuración o bien Desarrollo Social de la Provincia. (Uno)
