La Corte Suprema dispuso como medida cautelar la conformación del comité “de manera inmediata”, al declarar su competencia ante una acción de amparo colectivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la creación de un «Comité de Emergencia Ambiental» de “manera inmediata” para detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná. Deberá ser constituido por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y los Municipios de Victoria y Rosario.
Así lo determinó por unanimidad al declarar su competencia en una acción de amparo colectivo ambiental promovida por la asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. Si bien en la demanda no estaba incluida la provincia de Buenos Aires, la Corte resolvió citarla por formar parte de la zona afectada y abordarse la situación en el marco del PIECAS.
Así, la Corte dispuso que este comité adopte “medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, en la región del Delta del Paraná. Se utilizará para ello las bases del PIECAS-DP, «Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná»”. Dentro de 15 días corridos deberán presentar a la Corte “un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas”.
Asimismo, el máximo cuerpo judicial resolvió “requerir a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, sin desmedro de sus respectivas competencias, se sirvan informar respecto de cada jurisdicción, sobre la existencia de causas judiciales relacionadas con el objeto de la presente, las medidas adoptadas y el estado de los procesos”.
Igualmente, la Corte requirió al Estado Nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos y Buenos Aires y a las Municipalidades de Rosario y Victoria, “el informe que prevé el art. 8°de la ley 16.986. Deberán acompañar copia de las actuaciones producidas y la documentación relacionada, y deberá ser evacuado, en todos los casos, en el plazo de 30 (treinta) días corridos”.
“Existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. El caso no consiste en el juzgamiento de una quema aislada de pastizales, sino que se trata del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente. El Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección”, subrayaron los ministros de la Corte en los considerandos.
Y alertó: “El peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se pierden bosques, se afecta la función de humedales, se cambia abruptamente el uso del suelo, desaparecen innumerables especies de origen subtropical, de la vida silvestre, de la flora, de la fauna y la biodiversidad. Todo ello causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná”.
Y advirtió la implicancia en la salud: “Como consecuencia de estos gigantescos incendios en el Delta, resultan también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario. Se produce un incremento de los niveles de monóxido de carbono y de partículas sólidas en suspensión durante la propagación de la nube de humo, la que por lo general produce problemas en la salud, tales como irritación en nariz, garganta, pulmones y,ojos, problemas respiratorios y otras perturbaciones más complejas”.
“De lo expuesto surge que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente”, recalcó.
“En suma, resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no solo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire”, concluyeron los ministros de la Corte.
Al respecto el gobernador santafesino, Omar Perotti, destacó el fallo en sus redes sociales.
Valoramos que el Comité de Emergencia Ambiental se constituya en el marco del Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS). Iniciamos contacto con todos los actores involucrados para reunirnos lo antes posible.
— Omar Perotti (@omarperotti) August 11, 2020
También se expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Celebro el fallo de la Corte que afirma que las quemas han degradado ambientalmente el Delta y que es prioritario proteger este ecosistema. El camino es el desarrollo sostenible, aunque algunos insistan en defender métodos productivos del siglo pasado. https://t.co/IM37z6jgql
— Juan Cabandié (@juancabandie) August 11, 2020
Entre Ríos apoyó la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los incendios en el Delta
El gobierno provincial apoyó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto los incendios en el Delta.
“Requiere del trabajo articulado con las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, y el gobierno nacional, y en esta tarea estamos focalizados todas las jurisdicciones», sostuvo el ministro de Producción, Juan José Bahillo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación requirió la creación de un Comité de Emergencia Ambiental para detener los incendios en las islas del Delta. En ese sentido, el ministro Bahillo expresó que, «además de volcar todos nuestros recursos humanos y materiales para combatir los incendios que afectan islas entrerrianas y santafecinas, esta situación nos obliga a trabajar fuertemente para restaurar lo que está dañado y generar acciones que impidan que este tipo de prácticas se puedan suceder en el futuro, porque hemos llegado a un punto límite”, sostuvo el ministro Bahillo.
Y dijo que “el gobernador Gustavo Bordet nos ha solicitado que busquemos soluciones de fondo, entre todas las partes involucradas y esto requiere de un trabajo interjurisdiccional que nos compete a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires para preservar nuestro ecosistema, conservándolo con buenas prácticas y llevando adelante iniciativas que propendan a cuidar más nuestros recursos naturales», expresó el funcionario entrerriano.
A su vez, el gobierno de Entre Ríos viene trabajando desde hace un tiempo “en la revisión y adecuación de las normativas vigentes en la provincia, que nos permitan exigir planes de manejo en las áreas protegidas declaradas recientemente y mejorar el régimen sancionatorio cuando se incumplen las leyes vigentes”, indicó Bahillo antes de agregar que, desde el punto de vista operativo, se trabaja en “intensificar los monitoreos satelitales, la detección temprana y las acciones de prevención en el territorio”.
Por su parte, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes expresó: «Nosotros sabíamos que la Corte lo iba a hacer. Es más, lo auspiciamos junto con las autoridades de Santa Fe. Creo que vamos a andar muy bien. Es un ámbito muy serio el de la Corte Suprema».
Rodríguez Signes destacó que el máximo órgano judicial “nos pide que constituyamos el Comité y le demos un informe en el término de 15 días”. Por otro lado, comentó que aún no está definido quién representará a Entre Ríos en este nuevo organismo, pero estarán presentes el área de Ambiente; la Fiscalía de Estado; el Ministerio de la Producción y un representante del Ministerio Público Fiscal, adelantó.
