«Una vez más un proyecto nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social», marcaron desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) respecto del proyecto de reforma judicial que el Presidente de la Nación envió al Congreso. Pidieron que se convoque a los diversos sectores para que realicen sus aportes «en base a la experiencia diaria sobre el funcionamiento del sistema judicial».
«El Presidente de la Nación ha presentado ante la sociedad y el Congreso su proyecto de reformas de la Justicia, limitado solo al fuero penal. Una vez más un proyecto que nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social», criticaron desde CAER, al mismo tiempo que aseguraron que «la Justicia argentina se encuentra en crisis y muchas cuestiones deben reformarse para que la ciudadanía argentina pueda recuperar su confianza en este servicio público imprescindible en una democracia moderna».
Respecto del proyecto en cuestión, detallaron que se centra en la reconfiguración de la Justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires, la creación de nuevos juzgados federales con competencia penal en las restantes provincias argentinas y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el instituto del juicio por jurados.
«Lo que hemos observado del proyecto es que en la jurisdicción de Entre Ríos se crearían nuevos juzgados federales con competencia penal. Ya el Estado nacional ha adoptado el sistema penal acusatorio a través del nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063), pero con una implementación escalonada por provincias. A su vez, la comisión creada tratará el funcionamiento del Ministerio Público, siendo ésta la parte que asume la investigación y la acusación y la que necesitaría ineludiblemente una transformación cuantitativa importante», mencionaron.
En esa línea advirtieron que la crisis económica afecta al servicio de Justicia, por lo que en octubre pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial en los aspectos edilicio y tecnológico, rubros esenciales para brindar un adecuado servicio.
Por otra parte, se refirieron al Consejo de la Magistratura de la Nación, «órgano que debe ser revisado legalmente».
«Nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ha impugnado constantemente la desequilibrada composición que afecta su diseño constitucional, a través de acciones judiciales y también con la presentación de un proyecto de ley. Hace más de diez años que el Consejo es el campo de batalla de los circunstanciales sectores oficialistas/oposición que se alternan para dominar la selección de candidatos a magistrados y funcionarios, para analizar la conducta de los mismos y para administrar el presupuesto de la Justicia nacional y federal. Su composición y su parsimonioso funcionamiento es una deuda con la ciudadanía argentina», criticaron.
«Nuestra pretensión es que haya una reforma a todo el sistema judicial con la finalidad de lograr esencialmente el acceso a la Justicia, fundamentalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y jurídica; la tutela judicial efectiva, continua y expeditiva que brinde seguridad a la ciudadanía; y el respeto al principio de independencia de los magistrados y funcionarios judiciales; como garantías a los argentinos de una Justicia democrática», aseguraron.
Por ello, consideraron que «se debe convocar a participar a la abogacía argentina organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento del sistema judicial».
«Debemos todos reconstruir la real independencia de los magistrados y funcionarios, como garantía de justicia y lograr revertir esa desconfianza con la que hoy se defiende la ciudadanía. Tenemos la esperanza, y así también lo peticionamos, que solo el diálogo transparente e inclusivo y la razonabilidad argumentativa pueden obtener el necesario consenso constitucional para mejorar el sistema de Justicia argentina», finalizaron. (APF)
