Luego de 8 años, la Justicia entrerriana sobreseyó a todos los acusados de la causa denominada mediáticamente como de las “Cosechadoras truchas”, en la que estuvieron imputados empresarios y funcionarios del gobierno del exgobernador de Sergio Urribarri.
En la causa se investigó el presunto delito de defraudación a la Administración Pública, y por la cual se imputó a los empresarios de Grandes Máquinas-Grupo Senor, Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y a los ex ministros de Economía, Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa), y de Producción, Roberto Schunk.
Otros de los funcionarios acusados fueron Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).
La investigación se inició con una denuncia del abogado Guillermo Mulet a mediados de 2012. En la causa, la Fiscalía buscó desentrañar qué sucedió con los créditos millonarios que otorgó el Gobierno de Sergio Urribarri a la empresa Grandes Máquinas S.A., del Grupo Senor, para la construcción de 18 cosechadoras.
La Justicia investigó el destino de los $5,5 millones en créditos del Estado entrerriano que recibió la firma, entre 2009 y 2012, para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La empresa quebró en 2014 y no se construyó ninguna cosechadora.
Ahora, el juez de Transición n° 1 Carlos Hugo Ríos, determinó que no hubo fraude al Estado y por ello dictó el sobreseimiento de todos. La resolución tiene fecha de este viernes 8 de mayo. Al anoticiarse de la resolución, la Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, confirmó a Entre Ríos Ahora que apelarán los sobreseimientos.
Los créditos y el seguro de caución
El 18 de noviembre de 2009, a través del decreto N° 4.432, el Gobierno le otorgó a la firma “B.S.V. S.A” $574.500. Esa suma de dinero fue cedida a la empresa “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A” (que fue creada en diciembre de 2010); el 15 de febrero de 2011, mediante el decreto Nº 96, la empresa obtuvo otro crédito, esta vez por $4 millones; el 19 de marzo de 2012, Urribarri firmó el decreto Nº 529 por $1 millón.
La asistencia financiera para el proyecto llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. En su defensa, los exfuncionarios sostuvieron que el proyecto contaba con un seguro de caución por parte del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser). El dinero, se dijo, se terminó recuperando.
No obstante, en la acusación, la fiscalía consideró que ambos funcionarios “consintieron y apoyaron, actuando sin probidad, realizando con su conducta un aporte necesario sin el cual los integrantes de Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay S.A., no habrían podido concretar su maniobra delictiva”. Para la fiscalía, los empresarios aparentaron contar con solvencia económica para acceder a los préstamos estatales para fabricar las cosechadoras.
Sobreseimiento
Sin embargo, en la reciente resolución de sobreseimiento, el juez Río concluyó que “se encuentra acreditado que el FINVER ante el incumplimiento de los empresarios hizo todos los reclamos administrativos tendientes a la ejecución de las garantías, no así los judiciales, que son responsabilidad del Fiscal de Estado, al que también se peticionó instrucciones referidas a la efectivización de la cauciones y se informó respecto de los trámites realizados en el tema”.
En la resolución, el magistrado consideró que todos los funcionarios actuaron con diligencia y dentro de las normas legales, y que no cometieron ningún delito. No obstante, reconoce que no toda la prueba llegó a la justicia para tomar una resolución, como las respuestas a las de otras jurisdicciones que pertenecería Grupo Senor, y que los mismos presentaron como avalistas para el proyecto de las cosechadoras.
Asimismo, dijo que en el expediente se constató la “remisión de una nueva nota al IAPSER que adjunta copias de las cartas documentos enviadas y de la resolución N° 2 del FINVER, firmada por los Ministros Schunk y Valiero, tendiente a la efectivización del seguro de caución, que respaldaba el crédito otorgado a la empresa GMCU SA”.
Dice también que “en fecha 14/5/13 se verifica otra misiva al Área de Siniestros Patrimoniales del IAPSER por parte de la encartada, con remisión de copia de póliza No 000086130/000000, carta documento, recibo del correo, nota de información del concurso preventivo, nota del Ministro de Producción poniendo en conocimiento de la finalización del expediente administrativo, nota del Ministro Schunk, informe jurídico de la Dra. Sandra Varas (Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía), quien en todos los casos es quien asesora y persona de confianza del entonces Ministro de Economía y presidente del FINVER -Contador Valiero- y expediente donde obra la resolución N° 3”.
En otros párrafos, hace mención a otras diligencias realizadas para conseguir el pago del seguro de caución.
“Como sostuve al inicio, no surge del análisis de los elementos probatorios colectados, la defraudación por parte de los encartados Ricardo Javier y Ricardo Vicente Senor, Scravaglieri y Boll, quienes buscaban financiamiento para encarar el proyecto de instalar una fábrica de cosechadoras agrícolas, que luego de comenzar auspiciosamente se frustró, seguramente por alguno de los motivos expresados por Ricardo Vicente Senor, Scravaglieri, Aguirre, Ripani y Larrivey -Sindico del Concurso Preventivo de GMCU SA-, correspondiendo por ello rechazar la imputación fiscal”, dijo el juez Río en el fallo al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora.
En cuanto a Schunk y Valiero, el juez Ríos sostuvo que “ actuaron en forma proba y en cumplimiento de su deberes legales y reglamentarios no beneficiando ninguna apropiación -o desviación de dichos fondos- distinta al destino del mencionado emprendimiento en perjuicio del estado provincial”.
Crédito: Entre Ríos Ahora
