La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, se refirió a la situación por la que atravesó en 2018 su colega de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, sometido a jury acusado de mal desempeño y falta de idoneidad por haber dejado en libertad, en 2016, a Sebastián Wagner, autor, un año después, del femicidio de Micaela García. Wagner.
El 1° de julio de 2016, Rossi firmó un fallo en la causa “Wagner Sebastián José Luis. Ejecución de pena”. En esa sentencia, Rossi dispuso “otorgar a partir de la fecha la libertad condicional” a Wagner, quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. La pena impuesta se cumplía recién el 16 de julio de 2018, dos años después.
Al dejarlo libre, Rossi le impuso a Wagner la obligación de residir “en el domicilio sito en el Barrio Holanda, Casa N°3, Manzana 39 A-1 de la ciudad de Gualeguay”; también, “abstenerse de frecuentar lugares nocturnos, consumir alcohol y estupefacientes”; “desempeñar una actividad laboral o profesional de conformidad a su capacidad y/o conocimiento o bien capacitarse cursando los estudios pertinentes”; además, “abstenerse de mantener contacto alguno con las víctimas de los hechos por el cual cumple condena y en caso de concurrencia ocasional en la vía pública, mantenerse a una distancia mayor a los cien metros”; también, “realizar tratamiento psicoterapéutico por su problemática de violencia sexual y adicciones”; y finalmente, “no cometer nuevos delitos, para lo cual deberá, presentarse una vez por mes ante el Patronato de Presos y Liberados, de la ciudad de Gualeguay”.
Rossi quedó en el ojo de la tormenta luego del femicidio, el 1° de abril de 2017, de la estudiante uruguayense Micaela García, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Gualeguay una semana después, el 8 de abril.
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió, el 7 de diciembre de 2º17, abrir causa en base a las presentaciones que hubo contra Rossi, ocho en total. Ese proceso se cerró el 30 de julio de 2018 cuando el magistrado fue absuelto, por mayoría, de culpa y cargo y volvió a ocupar su cargo en el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú.
La jueza Bértora habló de ese proceso durante una entrevista con el programa En voz alta, de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y dijo que ese proceso resulta “una cuestión que ya fue analizada y ya fue resuelta por los canales correspondiente. Él ha seguido trabajando. Lleva muchos años trabajando. Es un juez que lleva trabajando veinte años en esa función. Creo que su trabajo, más allá de lo ocurrido, es mucho más que respetable. Veinte años no es poco. Y su trabajo, como el mío, es mensurar si a alguien le corresponde salir o no. Además, nosotros trabajamos con personas. Y nosotros somos falibles, y las personas también son falibles. Entonces, habría que ver el número de libertades, que concedió y que denegó, y hacer un análisis de otra manera. Porque por un hecho (la liberación de Wagner), que no dependió exclusivamente de él, no creo que se lo pueda seguir haciendo cargo a Rossi de esa situación. Nosotros trabajamos con personas”.
Ahora, de nuevo el tema de las libertades condicionales, libertades asistidas o prisiones domiciliarias, como aquella decisión de Rossi de 2016, están en debate en la sociedad.
El Juzgado de Ejecución de Penas de Paraná dispuso 14 domiciliarias de personas mayores de 60 años detenidas en unidades penales, con enfermedades de base que los convierten en personas de riesgo para la pandemia de coronavirus.
Bértora explicó al respecto: “Yo tengo a cargo alrededor de 1.300 internos. Y he tenido 1.500 pedidos. ¿Y cómo puede ser? Porque la misma persona pide varias veces lo mismo, o distintas cosas. Pero debo tener 500 internos que han pedido tres veces. Yo, tranquilamente, puedo hablar de 1.500 pedidos en este último mes, que hemos tramitado y estamos tramitando”.
No obstante, aclaró que de todas esas peticiones, se otorgaron sólo 14 domiciliarias “con fundamento en el Covid. Y se les ha dado a personas de muy avanzada edad, más de 70 años, que además tienen otras enfermedades respiratorias. Es decir, no solamente tienen más de 70. Tienen enfermedades comprobadas, con certificados médicos, y además hay un estudio social hecho para ver si la familia puede ayudar a cumplir con esas normas de conducta (que se le impone). Por otro lado, quiero aclarar que todas las domiciliarias que se otorgan en razón del Covid van a ser revisadas en el término de 6 meses. No hay un término preciso, porque tenemos que ver cómo se desarrolla esta pandemia. Si desaparece antes, van a ser revisadas antes. Si se complica, y hay más casos y esto evoluciona de una manera que no quisiera, podrá demorarse un año. Pero esto va a ser revisado. Es decir, no son prisiones domiciliarias hasta que se termine la condena”.
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Respecto de cuál es el modo de controlar esas prisiones domiciliarias otorgadas durante la pandemia, Bértora explicó que “los primeros encargados y están notificados mediante acta son los integrantes de la familia, convivientes y no convivientes. Fueron convocados y han firmado mediante actas que van a cumplir para trabajar de que se cumplan con las normas de conducta. Si no lo hacen, van a ser pasibles de un delito que se llama desobediencia judicial”. También serán controlados por la comisaría de la zona, y por los asistentes sociales del Servicio Penitenciario y del Juzgado de Ejecución de Penas.
“Quiero recalcar –aseveró- que la prisión domiciliaria es prisión. No están habilitados para salir de su domicilio, más allá del Covid y del aislamiento. La prisión domiciliaria siempre es prisión. La única posibilidad para salir es con una autorización del juzgado para ir al médico”.
Crédito: Entre Ríos Ahora
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