Abogados constitucionalistas consultados por Infobae analizaron cuáles son las alternativas legales que tiene el Presidente para restringir la circulación de personas en medio de la pandemia del virus que nació en China

La posibilidad de que el presidente Alberto Fernández decrete una cuarentena general abre un interrogante sobre los alcances legales de esa medida. Distintos abogados constitucionalistas consultados por Infobae coinciden en que esa figura en realidad no existe en términos estrictamente jurídicos.

“Lo único que conocemos son los estados de excepción, de los cuales el más clásico en Argentina es el estado de sitio, que implica una suspensión de derechos y garantías constitucionales. La Constitución le da al Presidente la facultad de dictarlo ante dos situaciones: un caso de ataque exterior o de conmoción interior. Este último caso sería el aplicable a la epidemia que estamos viviendo. Sería la única figura legal para limitar la libertad ambulatoria o la libertad corporal”, sostiene el constitucionalista Domingo Rondina.

Rondina recuerda que el “estado de alarma o veda en Argentina se dio ya en épocas de catástrofes, como en el caso del terremoto de San Juan o en las inundaciones en Santa Fe. Aunque en esos casos, se dictó el estado de sitio para una región en particular –no para todo el país– porque siempre hay delincuentes que aprovechan para robar, para prevenir actos de rapiña”.

Para Diego Armesto, docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, “la propagación del coronavirus generó una situación de excepción en la cual es necesario poner por encima de todo el bienestar general, la salud y la vida”. Y precisa que la reforma de la Constitución de 1994 le dio al Presidente dos herramientas para que pueda hacer frente a una situación de emergencia o estado de excepcionalidad: la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo – como lo fue la aprobación de la Ley de Emergencia– y los decretos de necesidad y urgencia (DNU). «Sin embargo, el Presidente dictó hace dos semanas el DNU 260/20 que fijó limitaciones a los que están enfermos, o vinieron de países de riesgo, o estuvieron con potenciales infectados, y vemos por las noticias que hay colas de autos hacia lugares de veraneo. Se ve que algunos entienden que es un tiempo para vacacionar y no para cumplir con la regla establecida en el decreto”.

Para el constitucionalista Daniel Sabsay, en cambio, no es necesario el estado de sitio para dictar una cuarentena general obligatoria, y alcanzaría con el dictado de un DNU que fije los límites de posibilidades de tránsito dentro del país. “Sería una de las pocas veces que se da lo que dice el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, ya que hay una situación de emergencia con riesgo inminente para la salud de la población, y no están dadas las circunstancias para que se pueda llevar a cabo el trámite normal para la sanción de una ley, porque el Congreso suspendió sus actividades debido al riesgo de contagio”.

Con el dictado del DNU, el Presidente después tiene que decidir las medidas que va a tomar para se cumpla, y ordenar a las fuerzas de seguridad que actúen en los casos en los que sea desobedecido. Se trata de delitos contra la salud pública que ya están el Código Penal».

Sin embargo, Armesto considera que el DNU dictado por Alberto Fernández hace unos días resultó “insuficiente” y entiende que el Ejecutivo “tiene la obligación de utilizar todas las herramientas constitucionales y convencionales que posee a su alcance para restringir la mayor circulación de ciudadanos para cuidar la vida y la salud de la población». Y en este sentido, coincide en que solo cabe la figura del estado de sitio prevista en el artículo 23 de la Constitución Nacional.

“Le estamos teniendo miedo a la palabra estado de sitio por las reminiscencias que tiene. Hay que pensar que fue incluido en la Constitución de 1853 y que cuando se redactó en aquella época, se pensaba en crisis políticas, no en temas de salud y bienestar general”, agrega.

Y en ese sentido, Armesto asevera que el respaldo legal a una medida así –que no podría ser aprobada en este momento por el Congreso por haber suspendido sus actividades– está dado por los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional en nuestro país. “La Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre otros tratados, permite restringir derechos ante determinadas situaciones excepcionales como una emergencia sanitaria, y es por eso que resulta fundamental entenderla como una emergencia constitucional que nos obliga a extremar todas las medidas que nos pongan a la altura de las circunstancias”.

Armesto explica que el estado de sitio implica que “se puede detener a una persona que viola la norma, porque se suspenden las garantías constitucionales, solo queda el habeas corpus. El Poder Ejecutivo tiene facultades para ordenar detener a una persona, pero no de condenar”.

Rondina, por su parte, precisa qué sucedería en el caso de que se determine el estado de sitio para impedir que las personas vayan a otro lugar, con la excepción de ir a la farmacia, al supermercado o lugares de trabajo considerados esenciales.“Si pasa un patrullero y alguien está en la calle sin poder justificar alguno de estos tres motivos, le ordenan irse a su casa, y si no quiere obedecer, sí puede ser detenido”.

Para este constitucionalista, “en tanto las limitaciones que fije el estado de sitio sean proporcionales a la amenaza para la población, no puede ser cuestionado, el problema puede ser si es excesivo. Por ejemplo, si se prohíbe salir a comprar medicamentos, o establece una prohibición total de movimiento por más de uno o dos días, dejando a la gente sin abastecerse”.

En cambio, Sabsay opina que “el estado de sitio va a generar mucha más conmoción de manera innecesaria”. Y argumenta: “No veo que acá esté en riesgo el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, o sea, no se da el marco fáctico para que se dicte una medida extrema de ese tipo”.

 

Los detalles de la cuarentena total que analiza Alberto Fernández y podría ser dictada en las próximas horas

El Presidente busca aplacar el avance del coronavirus con una limitación de la circulación en las calles. Quedarían abiertos los comercios vinculados a la compra de alimentos o insumos necesarios para preservar la salud pública y familiar

Alberto Fernández ya aprendió que la clave para enfrentar al coronavirus es evitar la circulación masiva en los espacios públicos. Su frase de cabecera es: “Aplanar la curva”, que en términos simples significa evitar que el número de contagios y de víctimas escale como consecuencia del contacto directo entre los portadores y las posibles víctimas del denominado “enemigo invisible”. En este sentido, el Presidente anunciará hoy una “cuarentena blindada” que podría iniciarse mañana en todo el país.

“Estamos definiendo el alcance temporal, y si se formalizará a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), pero vamos a ser drásticos para tratar de evitar las experiencias dolorosas que vimos en España e Italia”, reveló anoche a Infobae un funcionario clave del gobierno que trabaja al lado del Presidente.

El jefe de Estado desea “aplanar la curva”, pero también pretende mantener activa la producción de bienes y servicios para evitar que la economía se resienta aún más. Por eso, calendario en mano, concluyó que podría decretarse la cuarentena entre el 20 y el 30 de marzo, que solo tienen cuatro jornadas laborales por los feriados puentes del Día Nacional de la Memoria (24 de marzo) y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril), que se adelantaría por única vez.

Alberto Fernández tiene una hipótesis de trabajo que comentó en la quinta de Olivos. Adelantar el feriado del 2 de abril al 30 de marzo y ordenar una restricción para todos que se iniciaría en el primer minuto del 20 de marzo y concluiría a las 23:59 del 30 de marzo. Quedarían abiertos los comercios vinculados a la compra de alimentos o insumos necesarios para preservar la salud pública y familiar.

La cuarentena total implica un control exhaustivo de los espacios públicos para limitar la circulación y evitar una posible propagación del coronavirus. Alberto Fernández diseñó un sistema de contralor que involucra a todas las policías provinciales -incluida la Capital Federal- y el despliegue de las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal).

Será un gigantesco despliegue de seguridad territorial que enfrentará a un enemigo invisible y mortal.

Detrás de este objetivo de salud pública, y para que no haya una sola objeción política y jurídica, el Presidente ya convocó a los líderes de la oposición y hoy mantendrá un encuentro en Olivos con la mayoría de los gobernadores. La reunión es clave para la estrategia de Alberto Fernández: obtener la cooperación de las fuerzas provinciales.

La cuarentena establecerá que la vida cotidiana transcurrirá en los domicilios particulares, que estará garantizado el acceso a la comida para toda la familia, que funcionará el sistema de salud estatal y privado y que se permitirá circular sí -y solo sí- hay un motivo fundado. En caso contrario, se prohibirá abandonar la residencia y transitar los espacios públicos.

“Todos podremos comprar nuestra comida, o ir a la farmacia, y hasta se podrá pasear el perro. Pero salvo estos casos puntuales, todos los argentinos que no estén asignados al sistema montado contra el coronavirus, deberán quedarse en casa. Sí o sí”, explicó a Infobae un miembro del gabinete que participó en todas las deliberaciones que se hicieron para diseñar la cuarentena blindada.

-¿Y cómo van a saber si la persona que salió no está contagiada?-, preguntó este periodista.

-Habrá un férreo control en las calles y una masiva campaña de información y disuasión en los medios de comunicación. La explicación es simple: si salís a la calle, te podés contagiar. Y el coronavirus te puede matar.

Tras la reunión de los gobernadores en la quinta de Olivos, no se descarta que Alberto Fernández grabe una nueva cadena nacional para explicar el sentido y los alcances de la cuarentena blindada. La intención del Presidente es anunciar su duración y su sentido de prevención de la salud pública, ratificar que no faltará la comida y que la violación a la cuarentena será castigada con el máximo rigor legal.

Esta nueva jugada institucional para “aplanar la curva” de la pandemia encuentra a Alberto Fernández trabajando a deshoras. Era la una de la madrugada (de hoy) y continuaba fatigando -sin misericordia- su WhatsApp personal para explicar qué quiere hacer frente al coronavirus y porqué.

Infobae

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