Mientras el Gobierno le pide a los entrerrianos esfuerzo y solidaridad, proclama la austeridad y critica las medidas de fuerzas de trabajadores que reclaman por un sueldo justo, incrementa notablemente la ya superpoblada nomina provincial con un inconmensurable costos para el erario público. En épocas de crisis económica y financiera, lo normal y habitual de los gobiernos debería ser la austeridad total representada en la reducción máxima posible del gasto público-político.
Algo básico, de manual, que emerge de esta consideración es la obligada disminución del funcionariado público al mínimo indispensable, criterio que debería evaluarse conforme al funcionamiento del Estado.
Si los funcionarios son necesarios para que el Estado opere, son indispensables, si no, la autoridad máxima del gobierno debería erradicarlos.
El caso entrerriano es hoy por hoy sin duda el paradigma más representativo de esta realidad, con una Provincia en crisis, donde no se ven obras ni servicios, con paro del sector docente por los magros sueldos, con inminentes medidas de ajustes a los trabajadores y con impuestazos que superan el 50% y llegan hasta el 80%.
Desde que asumió su segundo mandato, el gobernador Gustavo Bordet, le viene pidiendo esfuerzos y solidaridad a los trabajadores y contribuyentes, sin embargo, estas demandas no son ejecutadas en la administración, el gobierno no predica con el ejemplo.
La primera manifestación de esta ausencia total de austeridad en una provincia quebrada financieramente fue la suba en un 50% de los sueldos de todos los funcionarios públicos –el gobernador incluido-.
La suba descomunal fue aprobada por ambas cámaras con motivo de la sanción del presupuesto sancionado en noviembre del 2019, aunque se hizo de manera solapada, surgiendo de una planilla anexa a la ley.
Ahora , conforme a la planilla de sueldos del presupuesto 2020 los haberes se puede observar que los haberes crecieron exponencialmente, esto es, el 50% más de lo que percibían el año pasado a partir de enero.
La sanción de estos incrementos siderales para los funcionarios públicos tuvieron sus cuantiosos beneficios para los legisladores, pare este año recibieron un aumento de sueldos del 56% respecto de año pasado.
De llevarse casi 200 mil mensuales de dieta únicamente, pasaron a ganar 320 mil pesos mensuales (nominal), a lo que hay que adicionarle por cada legislador montos descomunales en contrataciones, alguno con 400 mil pesos mensuales más, otros con 800 mil pesos mensuales adicionales para contratos, según cifras extraoficiales.
Estos números recientemente protagonizaron una enorme polémica, ya que varios legisladores salieron a criticar, repudiar y a calificar de indigno al paro docente, provocando el rechazo de la generalidad de los ciudadanos estos cuestionamientos.
La indignación provenida del descaro de cuestionar un paro de trabajadores que están reclamando un aumento de sueldo, docentes que cobran 25 mil pesos mensuales, con chicos a cargo, cuentas que pagar y que se encuentran viviendo una situación desesperante.
El escozor era lógico, como un legislador que se lleva entre 800 mil y más de un millón de pesos mensualmente puede desde arriba criticar a los de abajo, cayendo muy mal las declaraciones.
Legisladores que son conocidos por las duras peleas y discusiones que protagonizan en búsqueda de mejoras en sus ya exorbitantes montos y que, ejercen presiones para conseguirlas, ya sea no concurriendo a sesionar o no levantando la mano en la sesión.
Pero los beneficios de los funcionarios no solo es su excesivo sueldo, obteniendo pingües privilegios que se traducen en ventajas económicas mensuales y que, por cierto, no figuran en las planillas adjuntas con los cuantiosos montos, es más, no figuran en ningún lado publicados, a pesar de los premios y las proclamas de transparencia del Gobierno.
Es conocido por todos que una vez designado un funcionario, el cual en el 90% responde a un compromiso político asumido, requiere de una oficina, inmediatamente se genera el gasto para conseguirle una, el alquiler. Una vez con la oficina a disposición requiere una computadora, resma de hojas, generándose nuevos gastos, entre los cuales también se incluye luz, teléfono, internet, traducidos los mismos en más fondos públicos destinados.
Con la oficina en marcha, empieza a demandar un secretario o secretario, o dos, nuevamente aparece el desembolso de fondos públicos a su favor, en este caso para pagarle el sueldo a uno o dos personas.
También aparece la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, el Estado le compra un automóvil, el cual lógicamente requerirá combustible, seguro y service, y hasta aparece la demanda de un chofer, otro costo estatal a favor del funcionario.
Luego le empieza a surgir la necesidad de contar con asesores, ya que, en la mayoría de los casos, no se cuenta con ninguna experiencia, trayectoria o conocimiento de la actividad que le toca conducir.
Con la inclusión de nuevos asesores, todos pagos por el Estado, también surgen las demandas de coordinadores, o articuladores, entre la repartición del funcionario y otro funcionario, más fondos públicos desembolsados.
Con alguna que otra actividad emprendida por el funcionario, aunque sea intrascendente, también empiezan a aparecer las demandas de una o dos personas a cargo de las redes sociales mostrando al funcionario en reuniones o encuentros, en la mayoría de los casos el posteo es “vendido” con una de las palabras mayormente utilizadas por la totalidad de las autoridades “articulando acciones”.
A todos estos cuantiosos desembolsos del estado en favor de una sola persona, hay que adicionarle, ya sea para el mismo o para sus dependientes, millones de pesos en viáticos, gastos de representación, gastos reservados, el famoso “desarraigo”, y todas aquellas otras ventajas pecuniarias que le reportan la función y que demandan un enorme y multimillonario costo a las arcas públicas.
Y como olvidarnos de las redes sociales, si de solo observar las mismas, se pueden ver a los funcionarios disfrutando de Disney, Costa Rica, España, y demás destinos internacionales.
Haciendo consultas y números conforme a datos recabados por este Portal en distintas reparticiones contables de la administración central, sin considerar los sueldos, la conclusión es emblemática y escandalosa: la designación de 100 funcionarios le reportan al Estado un costo de 2000 millones de pesos.
La cifra es descomunal, y comparativamente con el desfasaje de la Caja de Jubilaciones que hoy está en boca de todos y justifica los anuncios del Gobierno provincial respecto de medidas de ajustes con la reforma del sistema, representa casi el déficit total del organismo que asciende a los 3000 millones de pesos.
Frente a estos números, el sentido comuna indica que reduciendo la planta de funcionarios en 100 estaríamos en condiciones de afirmar que la Provincia por primera vez en su historia resolvería uno de sus más grandes problemas.
El Gobierno entrerriano fiel representante del lema “que el sentido común es el menos común de todos los sentidos”, para este segundo mandato, no solo no redujo la ya superpoblada nomina que viene arrastrando de su primera gestión, sino que en tan solo 3 meses, la ha ampliado considerablemente.
Si la conclusión de la reducción del gasto político es la común, la del lego, más debería serlo de un profesional en ciencias económicas como lo es el mandatario provincial.
Sin embargo el Gobierno lejos de reducir, es más, mientras el propio Bordet pide esfuerzos, solidaridad y proclama su ya conocida muletilla de “austeridad”, días previos a su reasunción anunciaba la creación de un nuevo ministerio para la Provincia.
Hasta aquí Entre Ríos venia funcionando sin un ministerio de producción, sin embargo, sus compromisos políticos con el ex diputado nacional Juan José Bahillo, que le aprobó todas y cada una de las leyes a Macri a pedido de Bordet, lo llevaron a crear el ministerio y designar al gualeguaychuense.
Esta nueva cartera y la puesta en funciones de Bahillo, implicó para el Estado Provincial la creación de más de 100 cargos bajo su órbita, secretarias, coordinaciones generales, coordinaciones rasas, subsecretarias, direcciones y subdirecciones que no existían y que por lo tanto no generaran un gasto pasaron a existir demandando un costo multimillonario para las arcas públicas.
Teniendo en cuenta los datos de los contables de la Provincia mencionados más arriba, si se hubiera contenido en esta necesidad de cumplir un compromiso político para un dirigente, hoy no se estaría hablando de ajuste para los trabajadores o al menos no sería la excusa habitual del Gobierno para sus políticas contra el bolsillo de los trabajadores y contribuyentes.
El caso de Bahillo no es el único, otra que también dio rienda suelta a las designaciones para esta segunda gestión provincial fue la ministra de gobierno y justicia, Rosario Romero.
Más de una veintena de cargos nuevos creó Romero y semana tras semana continúa designando, este lunes conocíamos la última beneficiaria en lo que ya popularmente se conoce entre los entrerrianos como “la agencia de colocación”.
Bahillo y Romero son dos ejemplos de lo que viene transcurriendo en todos los ministerios, y en la gobernación, Bordet para este segundo mandato amplió de 7 a 9 los secretarios privados, asimismo existen otros cargos creados por el mandatario.
La administración central no es la única, en el Poder Legislativo también prima la invención de puestos.
La vicegobernadora Laura Stratta creó la secretaría de coordinación de la cámara alta por ejemplo designando a una de sus manos derechas en el puesto, aunque también pagó honorarios con otro cargo para su abogado privado, Pablo Bonatto.
Entre otros de los ejemplos polémicos, también en el ámbito de la legislatura, es la creación del Observatorio de género y violencia donde el mandatario pagó otro compromiso político, al igual que Bahillo, para la ex senadora nacional que también levantó la mano en favor de las leyes de ajuste de Macri, Sigrid Kunath.
El beneficio para la ex legisladora es grande, el nuevo organismo cuenta con su propia estructura, la cual implica o se traduce en otra cantidad importante de cargos, aunque aún no se conoce por la ya comentada llamativa dilación del Boletín Oficial provincial.
Los datos son incontrovertibles, si la Provincia redujera en solamente 100 la planta de funcionarios públicos, se ahorraría 2000 mil millones de pesos.
Funcionarios que casi en su totalidad no gozan de trayectoria, idoneidad y conocimiento real de los problemas que aquejan a la gente, que buscan recalar en sus puestos solo por los beneficios económicos y personales que reporta la función pública.
El costo económico del mantenimiento de la superpoblada es enorme, aunque igual o mayor es el costo institucional, ya que el aumento del funcionariado implica necesariamente la burocratización de los trámites administrativos, ya que los expedientes ven incrementados la cantidad de manos por las que debe pasar el mismo, traduciéndose en un nuevo perjuicio para los entrerrianos.
Esta es la lamentable situación de la Provincia, donde, en vez de reducir el gasto político pro la grave crisis económica y financiera que la afecta, prima el constante el aumento de la ya superpoblada nómina de autoridades, con incremento de los sueldos en un 50% y demás beneficios pecuniarios, mientras tanto, el Gobierno le pide solidaridad y esfuerzo al docente, al policía, al contribuyente, en fin, al trabajador en general y critica sus reclamos.
Fuente: El Portal de David Ricardo
