La ministra Romero, a cargo de la fuerza, mantiene silencio con respecto a la malversación millonaria al erario público, a partir de un convenio celebrado por Kueider y Bordet con YPF. Con la repercusión, hay gran preocupación en empresarios y funcionarios.
El robo de combustible por cifras millonarias que se denunció en la Dirección Provincial de Vialidad a través de maniobras con el sistema denominado “YPF en Ruta” se destapó también en la Policía de Entre Ríos, que cuenta con una flota de miles de vehículos en toda la provincia.
El ilícito encuentra su lugar a partir de los recovecos que deja el convenio de creación del sistema llamado “YPF Ruta”, a través del cual la carga de combustible de las reparticiones estatales se realizaría mediante una tarjeta que la Provincia paga mensualmente a la empresa, sin ningún tipo de control.
El convenio data de 2017 y a cargo de sus pormenores estuvo el secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider, quien fue autorizado por el gobernador Gustavo Bordet mediante Decreto 2783/16 para celebrarlo, como también se le otorgaron las facultades de suscribir adendas, modificaciones, renegociaciones.
Es el senador nacional electo quien se encarga también de autorizar las altas y bajas de los vehículos incluidos en el sistema, que utilizan la Gobernación, Economía, Vialidad, y la Policía de Entre Ríos.
Es justamente en la fuerza policial que se destaparon las irregularidades que ya habían trascendido en la DPV, y que se realizarían con el mismo modus operandi, a pesar de que la ministra de Gobierno, Rosario Romero, no se ha expresado sobre el tema.
Pero no solo la ministra se mantiene al margen de emitir declaraciones al respecto, sino que también otras autoridades del gobierno provincial elijen el silencio en esta gravísima maniobra que permite un fraude millonario al erario público entrerriano.
Es más, hay fuertes versiones de que hay un intento por blindar el tema no solo ante la opinión pública sino también ante la Justicia, ya que se desataría un escándalo entre empresarios y funcionarios.
Por la falta de controles en el convenio y los numerosos vacíos legales que invitan al fraude, ya desde un principio el acuerdo tuvo reparos de varias reparticiones y organismos.
Sin embargo, el acuerdo que firmaron el gobernador y el secretario general de la gobernación, Kueider, se puso en práctica en varios organismos y se comenta que ninguno de ellos escapa al entramado irregular que tiene como consecuencia un perjuicio millonario al erario público por pagos de combustible que no se utiliza.
Es más, la olla se destapó en zonales de toda la provincia de la Dirección Provincial de Vialidad y ahora se denuncia que la misma práctica irregular se da en la Policía, aunque hasta el momento no se conoce a ciencia cierta quiénes son los millonarios beneficiados por esta irregularidad.
Según las denuncias que llegaron hasta este Portal, en la maniobra no solo operarían los funcionarios o los encargados de los vehículos oficiales, sino que es necesaria también la participación de la empresa que se dedica al expendio de combustible, que serían varias a lo largo de la provincia.
Una de las variables de esta irregularidad consiste en supuestamente llenar el tanque de combustible del mismo vehículo varias veces en el mismo día, a pesar de que es prácticamente imposible que en el uso normal de una unidad se gaste un tanque en apenas unas horas.
El millonario robo de combustible en Vialidad que trascendió a partir de una publicación de este Portal fue desatando el escándalo no solo en zonales viales donde denuncian las mismas irregularidades a través del sistema “YPF en Ruta”, implementando por Bordet y ejecutado por Kueider, sino también en otras reparticiones.
De ese modo, el “efecto derrame” de la corrupción estructural fue denunciado también en la Policía de Entre Ríos, que cuenta con cientos de vehículos en toda la provincia, con modalidades de operación similares a las que se denunciaron en la DPV.
Sin embargo, la ministra Romero, encargada de la policía, el secretario general de la gobernación, Edgardo Kueider, que celebró el convenio, y el resto de las autoridades provinciales, no solo hacen silencio, sino que han activado un sistema de blindaje para que el millonario fraude no salga a la luz.
Se trata de un sistema que, por la falta total de controles en el gasto y en las operaciones, permite que tanto funcionarios como empresarios se vean beneficiados con sumas millonarias, mientras el erario público provincial pierde esos millones.
Fuente: El Portal de Ricardo David
