El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná será finalmente quien defina si arranca el juicio contra el exgobernador Sergio Urribarri y compañía, en la causa conocida como “de la vaca”, en la que la Fiscalía investigó irregularidades en el otorgamiento de publicidad a favor de firmas vinculadas a su cuñado Juan Pablo Aguilera.
El calendario judicial marca que el debate oral y público debe comenzar el 29 de julio y continuar el 30 y 31; y el 1°, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26 y 27 de agosto.
Sin embargo, en el medio ocurrió un incidente que genera incertidumbre sobre el inicio del debate: los abogados Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces presentaron sendos certificados médicos aduciendo la imposibilidad de estar en las audiencias defendiendo a sus clientes. Por ello, solicitaron que se posterguen.
Allende defiende al cuñado de Urribarri y exsecretario del bloque de senadores provinciales del PJ, Juan Pablo Aguilera, y la mujer de este, Luciana Almada.
Fouces, en tanto, se hizo cargo de la defensa del empresario uruguayense Hugo Fernando Montañana. El letrado fue sometido a una operación y según el certificado que presentó necesita 45 días para recuperarse.
Para resolver el entuerto, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fijó una audiencia –que no fue tal en el sentido estricto- para este jueves por la mañana ante el juez de juicio, Gustavo Pimentel.
Concretamente, se trató de un trámite en la OGA en el que las partes debieron ratificar sus posturas. Según pudo registrar Entre Ríos Ahora, Aguilera y Almada se hicieron presentes junto a su abogado Allende, quien en la ocasión ratificó que podrá estar en el juicio.
También estuvieron los abogados Ignacio Díaz y José Candelario Pérez, que están expectantes de cómo se resuelve el asunto. Díaz es el abogado del exministro de Comunicación y Cultura y actual diputado, Pedro Báez, mientras que Pérez defiende junto a Raúl Barrandeguy al exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri.
Consultado por Entre Ríos Ahora, Díaz sostuvo que la última palabra sobre el inicio o no del juicio la tiene el Tribunal de Juicio, que está compuesto por Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola. Este último fue recusado por las defensas de Urribarri y Báez, pero a principios de junio fue ratificado por la justicia.
“La semana que viene seguramente el Tribunal definirá si arranca el juicio. Hoy Allende ratificó que seguirá como abogado de Aguilera. Queda a resolver la situación de Fouces, que fue operado y tiene 45 días de recuperación”, dijo el letrado a la salida de los Tribunales de Paraná.
Desde la Procuración también confirmaron que la situación deberá ser resuelta por el Tribunal de Juicio, y no por el juez Pimentel, a quien la OGA le asignó tratar el trámite de este jueves.
Imputados
En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel. Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.
Los delitos investigados consistieron en el direccionamiento de órdenes de publicidad durante los años 2010 a 2015 por un monto total de $24.204.918,69 a lo largo del gobierno de Urribarri y su ministro Báez “en contrataciones de campañas publicitarias en vía pública a empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, quien era funcionario público provincial y familiar del exgobernador”. Para el Ministerio Público Fiscal, las firmas que se adjudican al cuñado Aguilera, Tep SRL y Next SRL, “absorbieron la casi totalidad de la publicidad en vía pública del Estado Provincial, la que se otorgaba desde el Ministerio de Comunicación a cargo de Báez de manera directa y por vía de procedimientos de excepción”.
La imputación fiscal también dice que “otras empresas vinculadas comercialmente a las referidas (Tep SRL y Next SRL), como José María Bustamante Publicidad y Montañana Publicidad, fueron beneficiadas con idénticos contratos y pautas publicitarias, las que -a su vez- redundaban en beneficio de las empresas de Aguilera a través de un sistema de retornos de dinero que terminaba en sus manos”.
El 24 de mayo de 2018, apareció el primer arrepentido de la causa: el publicista Jesús José Bustamante. El empresario admitió en un juicio abreviado haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante, pero en el acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional.
Entre Ríos Ahora
