Prevé reorganizar la Comisión Médica e incorporar 30 agentes de salud que se apostarán en distintas localidades de la provincia. Agmer planteó «profundas diferencias con las miradas que proyectan culpas sobre los trabajadores».
La Comisión Médica -que depende del Ministerio de Gobierno-será reorganizada porque «resulta insuficiente para cubrir todos los casos de licencia» de la provincia.
Para efectuar los controles se contratarán 30 agentes de salud, que estarán «abocados al control de licencias para los casos de inasistencia por razones de salud» del personal. Entre otros puntos, el decreto autorizó «la distribución territorial» de estos agentes de salud, con el objetivo de «evitar demoras en las citaciones para revisión».
Los 30 agentes se dispondrán de esta manera: cuatro en Paraná; tres en Concordia; dos en Gualeguaychú, Victoria y Villaguay; y uno en cada una de estas localidades: Colón, San José, Diamante, Federación, Chajarí, Federal, Feliciano, Gualeguay, Urdinarrain, Islas del Ibicuy, La Paz, Bovril, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay y Basavilbaso.
Además se aprobó un Manual de Procedimientos para la Gestión de Licencias Médicas del Personal Docente y No Docente del Consejo General de Educación (CGE).
El convenio se aprobó a través del decreto Nº 426 del Ministerio de Gobierno, fechado el 21 de marzo pasado y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. Se trata de un «Convenio Marco de Colaboración para el control de licencias usufructuadas por el Personal Docente y No Docente del CGE», que se aplica «por el término de 10 (diez) meses» contados a partir del 1º de marzo de 2019.
En los antecedentes del Convenio se menciona que el régimen vigente de control de licencias por enfermedad, se encuentra «colapsado» y que la demora en las citaciones para revisión «muchas veces supera ampliamente el plazo de la licencia solicitada». Esto «genera conflictos con aquellas situaciones que luego no son reconocidas, tornando ineficiente el control de las mismas».
También se indica que el CGE «es una de las estructuras de Gobierno con mayor número en su planta de personal» y por tanto registra «un elevado volumen de trámites inherentes a solicitudes de licencias, tanto de corto como de largo tratamiento».
Esas licencias «repercuten en el normal funcionamiento de sistema educativo, por lo que deben extremarse los recaudos para conseguir un contralor eficiente y tempestivo y así regularizar las situaciones que se encuentran pendientes e imposibilitan al trabajador dependiente del CGE reincorporarse a su lugar de trabajo una vez concluida su licencia».
Por eso se considera «prioritario reorganizar la estructura de la Comisión Médica, que hoy en día resulta insuficiente para cubrir todos los casos de licencia de la Provincia». Con este propósito se justifica la incorporación de recursos humanos, «para que los mismos sean distribuidos en todo el territorio y así poder lograr un mejor control».
La carga de datos efectuada por la Comisión Médica debe realizarse mediante el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), por ser el procedimiento interno de carga de datos del personal dependiente del CGE.
En la cláusula primera del convenio se explicita su objetivo central: producir «un cambio de modalidad en lo que respecta al mecanismo de auditoría médica, para los casos de licencia por enfermedad de largo tratamiento, y evaluar un desarrollo integral diferente al llevado a cabo en la actualidad».
Argumentos
Según se lee en el decreto, las actuales normas vigentes resultan «ineficientes» ya que la información remitida al empleador «es acotada y no profundiza en los motivos que dan origen a la licencia requerida». Eso condiciona «la elaboración de estadísticas que permitan programar acciones de prevención y/o efectuar las gestiones correspondientes ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) en aquellos casos que lo demanden».
Por ello existe la «necesidad de optimizar y unificar los procedimientos establecidos para el control de licencias por enfermedad del personal Docente y No Docente dependiente del Consejo General de Educación, mediante un protocolo acorde a las particularidades propias del Sistema Educativo».
Para dar solución a esta situación, el CGE y la cartera a cargo de Rosario Romero firmaron este Convenio Marco de Colaboración cuyo objeto central es un «cambio de modalidad de los mecanismos de auditoría médica para los casos de licencia por enfermedad de corto y largo tratamiento».
Los 30 agentes de salud estarán distribuidos en toda la provincia a fin de «evitar demoras en las citaciones para revisión, reduciendo así los plazos actuales los que muchas veces superan ampliamente el período de licencia solicitada, generando conflictos en aquellas situaciones que luego no son ratificadas».
De esta forma el Gobierno optimizará el uso de recursos del Estado, ya que se brindará tratamiento y se hará el correspondiente seguimiento «de las patologías que afectan a los trabajadores, garantizando además que aquellos en condiciones de salud aptas para el desarrollo de sus labores, se reincorporen luego de haber sido evaluados por un cuerpo médico».
«Perfeccionar esta intervención, posibilitará maximizar la inversión de recursos que se destinan al sistema educativo entrerriano, mediante la reducción de costos que se generan debido a los reemplazos de personal necesarios para cubrir las licencias de los agentes ausentes», se explicó.
Manual para la gestión de licencias
El decreto incluye en un Anexo el «Manual de procedimiento para la gestión de licencias médicas del personal docente y no docente del Consejo General de Educación».
Allí se establecen, entre otros puntos, los pasos que deberá cumplir el personal para informar su ausencia en el establecimiento educativo en que trabaje, y el procedimiento a seguir por parte de los responsables de la institución educativa y de los médicos auditores de la Comisión Médica. También las posibles medidas disciplinarias que se les aplicaría en caso de no cumplir con sus funciones, y las sanciones a docentes y no docentes en caso de que se compruebe que no necesitaba licencia médica.
Además de aprobar el convenio entre CGE y Ministerio de Gobierno -del cual depende la Comisión Médica- y disponer la distribución territorial de los agente de salud, el decreto Nº 426/19 establece modificaciones al Decreto N° 5923/00 (sobre Régimen unificado de licencias e inasistencias para el personal docente dependiente del CGE), al Decreto N° 5350/09 (Protocolo único para procedimiento de solicitud de licencia por enfermedad), y al Decreto N° 725/10 (modificatorio del 5923).
También autoriza a los profesionales de la salud a efectuar las visitas a domicilio, según el tipo de dolencia manifestada por el agente, al momento de solicitar la licencia». Y establece que el agente «deberá comunicar a la Asesoría Legal correspondiente del CGE ante la presunción de existencia de certificado médico falso, a efectos de que se denuncie el hecho, de existir mérito». Por último, deja sin efecto toda otra norma que se le oponga.
Agmer salió al cruce del nuevo control de licencias médicas
Ante la existencia de un nuevo sistema de médicos auditores y un nuevo procedimiento de carga en el sistema SAGE referido a las licencias por enfermedad, Agmer recordó que desde diciembre del pasado año pasado viene participando con representantes del sindicato en la Comisión para la Prevención de la Salud Laboral Docente en el ámbito del Consejo General de Educación y con participación de la vocal Representante Docente, Perla Florentín.
«En dicho ámbito venimos sosteniendo las demandas históricas de nuestro sindicato sobre la salud laboral y la imprescindible prevención de enfermedades, las características del trabajo docente, las afecciones reconocidas de nuestro trabajo y aquellas que todavía no lo han sido, la responsabilidad de la ART y el Estado provincial sobre las condiciones de trabajo de las escuelas de la provincia y la salud de sus trabajadores y trabajadoras; nuestra defensa irrestricta del Régimen Unificado de Licencias y sus normativas complementarias, la verdadera función de contralor y diagnóstico en función de la salud que compete a los médicos escolares, el correcto y accesible funcionamiento de las Juntas Médicas, entre otros puntos de nuestra agenda de trabajo, estrechamente vinculada con la política gremial que año a año define Agmer en sus ámbitos orgánicos», señalaron desde el gremio docente.
Luego sostuvieron que «nuestra mirada sobre el trabajo docente y las condiciones escolares que producen afecciones en nuestros cuerpos y mentes, marca profundas diferencias con las miradas que proyectan culpas sobre los trabajadores, nos descargan las responsabilidades que no asume el Estado y las patronales en general y conceptualizan sobre nociones descontextualizadas como el mal llamado ‘ausentismo’, la negación de la carga de trabajo que contiene nuestro trabajo, sus espacios, tiempos, sentidos y condiciones».
En este marco, remarcaron que los eventuales cambios en el sistema de médicos auditores y el nuevo procedimiento de carga en el sistema SAGE referido a las licencias por enfermedad, «no son producto de acuerdos en la Comisión de Prevención para la Salud Laboral Docente».
En esa comisión el gremio expresó ante vocales políticos del CGE y ante la presidenta del organismo, Marta Landó, una serie de definiciones.
Por un lado, dijeron que «la patronal está obligada a garantizar la prevención de la salud y la atención médica de sus trabajadores y es responsable sobre ello».
«Sostenemos la mirada del contralor médico como derecho del trabajador de acceder al conocimiento sobre su propia salud, causales, consecuencias y los necesarios tratamientos médicos; respetando la confidencialidad en el manejo de esa información, con respeto irrestricto del Régimen de Licencias Unificado según decreto 5.923/00 y como parte de una política de prevención de la salud de los compañeros y compañeras», expresaron.
«En ese sentido, manifestamos que el Estado debe garantizar dicha atención con recursos materiales y humanos», añadieron.
«Las modificaciones sobre el sistema informático en lo que hace a las cargas de licencias por enfermedad no debe redundar en mayores dificultades administrativas para convocar a concursos en ocasión de ser necesaria la convocatoria para cubrir las suplencias que surjan de estas licencias, ya que tales situaciones de demoras (informáticas, de falta de acceso tecnológico, servicios de internet, etc) afectarían el derecho a enseñar y aprender de nuestros alumnos, lo que sostenemos sin perjuicio de derechos gremiales, laborales y de salud de nuestros compañeros, rechazando toda situación que signifique sobrecarga de trabajo y cercenamiento de derechos», finalizaron en un comunicado. (APF Digital)
