A las 16 de este jueves 28 se abrirá la instancia de los alegatos de clausura en el juicio oral al cura Marcelino Ricardo Moya, acusado por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual simple, hechos que habrían ocurrido cuando fue vicario en la parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997.
Los fiscales Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra irán por un fuerte pedido de condena, entre 15 y 20 años de cárcel, más la accesoria de la prisión preventiva en una unidad penal hasta que la condena quede firme. A ese planteo se sumarán también los abogados querellantes, Florencio Montiel y Juan Cosso. Ambas partes rechazan el planteo que se hicieron los defensores Néstor Paulete y Darío Germanier, que van por la prescripción, cuestión ya resuelta en tres instancias diferentes.
“Nosotros rechazamos ese planteo de prescripción porque consideramos que es improcedente, conforme lo establece el Código Procesal Penal”, dijo el fiscal Pereyra. De igual forma será una cuestión que deberá resolver el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que integran los jueces María Evangelina Bruzzo, Melisa Ríos y Fabián López Mora, antes de ingresar a definir la sentencia que le pueda caber a Moya, tras escuchar los alegatos de clausura de este jueves.
El fiscal Quirolo se apoya en lo que se escuchó en las dos jornadas de audiencias, entre jueves 21 y viernes 22. “Lo relatado por las víctimas (Pablo Huck y Ernesto Frutos, NdelR) ha sido contundente. Han sido muy valientes. Sus testimonios han sido impactantes, conmovedores, emocionantes. Entendemos que han sido dos jornadas muy duras, en las que hemos podido lograr plasmar lo que queríamos, esto es acreditar los dichos de estas dos personas, que han sufrido estos aberrantes hechos”, señaló.
El querellante Florencio Montiel quedó conforme con lo relatado por víctimas y testigos en las dos jornadas de audiencias orales del juicio al cura Moya, y destacó, con pesar, la falta de colaboración de las autoridades de la Iglesia Católica de Paraná durante la etapa de la instrucción de la causa. Citó los testimonios de los excuras José Carlos Wendler y José Dumoulin, que alertaron a las autoridades de los abusos de Moya, aunque nada consiguieron.
“Wendler ha sido clarísimo: puso en conocimiento al Arzobispado de estos hechos en tres oportunidades. No le prestaron atención. Y lo de Dumoulin está clarito: se cansó de intentar llamar la atención de Puiggari, y éste no le contestaba”, analizó.
-¿Cree en los pedidos de perdón de la Iglesia o los entiende como mera expresión de deseos?
-No hay expresión de deseos. Es una cortina de humo como han hecho siempre, para quedar bien con la gilada. Esto es así de clarito. Nunca tuvieron ningún tipo de remordimiento. Se han casado de proteger a estos curas.
Ruben Dario Germanier ejerce, junto a Néstor Paulete, la defensa de Moya. No cree en el relato de las víctimas, no cree que haya delitos, y está convencido en la inocencia del cura.
“¿El relato de una o dos personas es suficiente a los fines de fundar o dar las bases para una condena por un hecho que mi defendido dice que no existió, y que por lo tanto no lo cometió? Eso es lo que vamos a ver. Esto no es el caso Grassi”, señala Germanier.
Los defensores hicieron primero el planteo de prescripción, y si ese argumento no prospera ante el tribunal, irán por el pedido de absolución, que plantearán en los alegatos de clausura, este jueves.
“Nosotros vamos por la absolución. Y es posible que Marcelino declare este jueves. No lo doy por seguro. Es su derecho, y es posible que lo ejerza”, adelantó Germanier.
Lo hará, dice, para defenderse de las acusaciones que, señala el abogado, conoció recién en los alegatos de apertura, el jueves 21. “Nunca supo de qué lo estaban acusando. Recién en la audiencia del jueves se enteró de lo que lo acusaban. Tomó nota de todo lo que dijeron de él. Fue un relato novelesco mejicano, en el cual todos coincidían. Nunca había escuchado cara a cara el relato de lo que decían Huck y el otro muchacho”, dijo Germanier.
-El otro muchacho es Ernesto Frutos. Y Moya no lo escuchó cara a cara porque no estuvo en todas las audiencias.
-Igual, Frutos no dijo nada.
El huevo de la serpiente
El cura Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes, el médico Pablo Huck, y Eduardo Frutos, un estudiante de Derecho.
Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces.
Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
Extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz. Ostolaza piensa en un efecto cascada que convertiría en nulas las condenas no sólo a Ilarraz sino también al cura Juan Diego Escobar Gaviria, y dejaría a salvo del peso de la ley a Moya.
Mientras, la Iglesia, no bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995.
Pero la averiguación interna jamás avanzó. La Iglesia no demostró demasiado interés en ubicar a los denunciantes, de modo que éstos no tuvieron la oportunidad de dar su testimonio en la curia.
Nunca dijo nada la Iglesia de una situación grave y preocupante: el cura Moya debió ser internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín en el verano de 2017, y su caso cayó en manos de la jefa del Programa Provincial de Sida, Laura Díaz Petrussi.
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