El cura Marcelino Ricardo Moya se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 20 de marzo. Está acusado por abuso y corrupción de menores, y es el tercer miembro del clero que atraviesa esta instancia a partir de la denuncia formulada por víctimas de este tipo de delitos en la Iglesia Católica.
Ya fueron condenados Juan Diego Escobar Gaviria, en 2017, quien desde abril de ese año cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N° 5 de Victoria; y, en 2018, Justo José Ilarraz, a quien se le aplicó arresto domiciliario -cumple esa medida en un departamento de calle Corrientes al 300, en Paraná-, ambos condenados a 25 años de cárcel.
El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que integran los jueces María Evangelina Bruzzo, Alberto Seró y Fabián López Moras, juzgará a Moya los días 20, 21 y 22 de marzo, en audiencias orales pero no públicas. El proceso contra el cura Moya por los abusos a menores denunciados y que habrían ocurrido mientras ejerció como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima y ejerció como docente en el Colegio La Inmaculada, de Villaguay, a mediados de la década de 1990, se inició tras la presentación que efectuaran dos de las víctimas, en junio de 2015 en los Tribunales de Paraná.
Del juicio tomarán parte por el Ministerio Público Fiscal, Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay ; los abogados Florencio Montiel y Juan Cosso, por la querella; y el defensor del sacerdote José Ostolaza.
Pablo Huck, una de las voces más claras entre los integrantes de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, víctima y denunciante de Moya, dice que haber llegado a la Justicia es parte de un proceso. “La denuncia es un punto de un proceso. No es un impulso ni una ocurrencia de un día. Es parte de un proceso, en el que hay mucho trabajo de atrás. Primero uno se reconoce como víctima, atraviesa un proceso psíquico y espiritual profundo, que incluye mucho trabajo de psicopterapia. Y hace la denuncia también con el propósito de que no le pase a nadie más lo que uno ha vivido. En ese camino, aparece el apoyo de gente valiosa”, dice.
En ese camino, se enfrentó con los dispositivos, cerradísimos, del encubrimiento que rodea a estos delitos en la Iglesia. “Pero más que una trama de encubrimiento lo que hay en la Iglesia es un mecanismo aceitado de ocultamiento. Ahora, se sabe a nivel social que estos delitos ocurrieron, pero puertas hacia adentro de la Iglesia esto se conoció desde siempre, desde un principio. Por eso, desde la Red de Sobrevivientes de Abuso decimos que el encuentro que organizó el Papa en Roma fue una puesta en escena. Bergoglio intenta mostrar que el abuso sexual está en todos los ámbitos, no sólo en la Iglesia. Eso lo sabemos todo. El tema es el daño enorme que produce la Iglesia porque estos delitos se encubren. Por eso exigimos que deje de encubrir. El abusador es un delincuente, el abuso es un delito. Pedimos que lo denuncien, que colaboren con la verdad, que no lo encubran. Pero lamentablemente sigue pasando. Bergoglio lleva varios años al frente de la Iglesia y no ha hecho nada”, sostiene.
Da entonces el ejemplo del cura Julio César Grassi, condenado por la Justicia y nunca apartado de las filas de la Iglesia Católica por el propio Bergoglio. Recuerda el silencio del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari con los abusadores. “Puiggari supo de lo de Moya mucho antes de que se hiciera la denuncia en la Justicia. Pero sin embargo nunca colaboró con la Justicia. Además, en la diócesis hay curas condenados y siguen siendo sacerdotes, no se los expulsa. Demuestran que mienten, encubren, y eso es un dato objetivo”, plantea.
Huck dice que espera que del juicio a Moya salga una condena y que, de ese modo, se dé un mensaje claro a la sociedad: que estos delitos deben ser condenados, “no solo para los que ya lo hemos sufrido, sino para prevenir, y para que los que no pudieron hablar, puedan denunciar, se animen, porque hay una pena para estos delincuentes”.
El proceso
Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales. “A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, dijo entonces.
Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunta la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.
La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.
La causa nuevamente fue recurrida, y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción. El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la Justicia.
Extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz. Ostolaza piensa en un efecto cascada que convertiría en nulas las condenas no sólo a Ilarraz sino también al cura Juan Diego Escobar Gaviria, y dejaría a salvo del peso de la ley a Moya.
Mientras ello no ocurra, el cura Moya deberá sentarse en el banquillo de los acusados, y responder ante un tribuna por la denuncias penales que pesan sobre él.
Mientras, la Iglesia, no bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995.
Pero la averiguación interna jamás avanzó. La Iglesia no demostró demasiado interés en ubicar a los denunciantes, de modo que éstos no tuvieron la oportunidad de dar su testimonio en la curia. Una de las vícitmas de Moya se lo hizo saber de modo descarnado al arzobispo Juan Alberto Puiggari cuando éste visitó Villaguay, en la última Navidad.
Esa vez, Puiggari se excusó con el argumento de que las víctimas fueron citadas a declarar en la investigación diocesana, pero que “prefirieron no presentarse”.
Nunca dijo nada la Iglesia de una situación grave y preocupante: el cura Moya debió ser internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín en el verano de 2017, y su caso cayó en manos de la jefa del Programa Provincial de Sida, Laura Díaz Petrussi.
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