Un matrimonio joven, afincados en zona del ex asentamiento Tavella, que a diferencia de los que estaban viviendo como ilegales, ya que habían comprado el terreno, e incluso tendrían la mensura de catastro paga, más impuestos desde Ater, tasa municipal y electricidad de Eenersa, se encuentra en un serio problema legal y esperan no quedarse sin vivienda.
Se trata de José Eduardo Correa Castillo y Sandra Marina Casse (embarazada) y padres de dos niños, a los que se les notificó del desalojo en un plazo de 25 días.
La pareja solicitó el asesoramiento de un abogado, recayendo esto en manos del doctor Lautaro Vittón, quien ya puso manos a la obra en el caso, con los inconvenientes que implicaría la Feria Judicial.
De acuerdo a lo que se pudo averiguar, se les habría ofrecido un terreno en La Tablada, pero ellos tienen la casa de material ya construida en el terreno en conflicto, contando además con cloaca y agua, teniendo en su poder la documentación que ampararía su situación.
Lo que ven con sorpresa es que los vecinos que estaban en el asentamiento recibieron viviendas recientemente, pero ellos quedaron al margen de esas entregas, teniendo un plazo que vencería el próximo miércoles para desalojar.
Colegas del sitio 03442 dialogaron con el doctor Vittón, quien explicó que “Esta gente le compró oportunamente el terreno a un tercero en el año 2010, quien le dijo que esos terrenos no iban a ser reclamados. Confiando en quien realizó la venta, iniciando los trámites con el fin de usucapirlo una vez que pasen los 20 años y pagando los impuestos. Así realizaron la mensura y concurrieron al municipio, pagando una serie de sellados, para legalizar su situación. Lamentablemente a inicios de enero, recibieron una citación de la Fiscalía, donde le designaron el defensor oficial, notificándoles que para fin de enero debían desalojar, pero en esta caso la casa en la que viven es de material, no un racho de chapa y cartón, recibiendo la oferta de un terreno vacío en la Tablada”.
El representante legal señaló que si bien no hay obligación de que se les deba entregar una casa, si hay obligación de que se le dé una indemnización por las mejoras efectuadas, ya que nadie les avisó de que ese terreno había sido comprado por una empresa en un remate.
“Independientemente de todo esto, lo cierto es que a todos los que estaban allí en casas precarias, los reubicaron con casas de material frente al viejo hospital, pero extrañamente a esta familia le ofrecen un terreno y que empiecen de cero. Apelando un poco al principio de igualdad previsto en la Constitución en su Artículo 16, esta familia también debería haber recibido una vivienda al igual que los demás. Ahora estamos definiendo los pasos a seguir ante la Justicia, de manera de evitar el desalojo ordenado sin la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y presentaremos un escrito a la Municipalidad y ver que se les dé la misma posibilidad que al resto de la gente”, finalizó el abogado.
Fuente: 03442
