La empresa de transporte de pasajeros San José entró en un proceso judicial de concurso preventivo. En su presentación en la Justicia, el abogado representante de la firma, Mariano Ricardo Prono, argumentó que en la última década “el transporte interurbano de pasajeros se desarrolló en un contexto crítico”. Y así justificó el actual proceso de cesación de pagos.
Y que luego de haber atravesado un período de expansión, desde el 2009 se produjo un amesetamiento y una significativa retracción de la actividad por múltiples causas (contracción de la demanda de servicios, abaratamiento de los otros medios de transporte, compromiso con el Estado Nacional de mantener el empleo, entre otros). No obstante las dificultades, manifestó que la empresa tomó una serie de medidas (eliminó los servicios denominados “refuerzos”, promocionó e incremento el servicios de viajes “charter” generando mayor ingresos, entre otros), pero esas acciones no fueron suficientes para palear la situación.
Adujo además que en el marco de la emergencia declarada en el año 2002, el Gobierno nacional fijó una serie de medidas económicas, entre las cuales se encontraba la compensación de parte del costo de los peajes y el subsidio para la compra de gasoil a precio diferencial. La quita del subsidio produjo un inmediato desequilibrio de la ecuación financiera de su representada y la imposibilidad de afrontar estas obligaciones en forma regular, representando una pérdida mensual enorme, señaló. Y que la situación se agravó en el año 2017 por la “quita ilegal” de todas las compensaciones que aún quedaban, terminando de destruir el equilibrio económico que San José intentaba lograr. Nuevamente se tuvo que recurrir a la Justicia para reclamar el cese de “esa medida ilegítima”.
En el escrito judicial, el representante de San José puntualizó que la actividad “es viable”, siendo rentable en el mediano y largo plazo, por lo que el concurso preventivo “producirá el desahogo financiero” con el consiguiente ahorro que permitirá volcar esos recursos a la actividad. En relación a la cesación de pagos, la ubicó a mediados del mes de agosto de 2018, momento en el cual los embargos de fondos efectuados sobre las cuentas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) terminaron de producir “la asfixia financiera” de la empresa, impidiéndole cumplir en forma regular con el pago de todas sus obligaciones exigibles.
El 21 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Moia, dispuso a apertura del concurso preventivo de la Empresa San José SA, con domicilio en Fray Mamerto Esquiu 855, de Paraná, pero cuyo directorio está presidido por Guillermo Diego Derudder, como presidente, y Raúl Hugo Derudder, como vice, ambos a la vez miembros del directorio del gigante FlechaBus, quienes “no podrán salir del país sin previa comunicación al juez del concurso y en las condiciones establecidas” en la Ley de Concursos y Quiebras, según lo dispuso el juez Moia.
Precisamente, antes que San José la propia Flecha Bus pidió el concurso preventivo de acreedores, afectada, expresó, por la caída de ventas y la competencia que supuso para el sector la irrupción de las aerolíneas low cost. La compañía sostuvo en un comunicado que la medida no afecta la prestación de los servicios, que se seguirán ofreciendo con normalidad. La compañía tiene una importante deuda impositiva, que podrá refinanciar con esta medida.
La convocatoria solamente está pedida para el transporte de pasajeros y no afecta a la empresa de turismo estudiantil, ni a los hoteles que posee la empresa en Bariloche, Colón y Camboriú.
Desde que se anunció la llegada de las aerolíneas de bajo costo que en el sector vienen reclamándole al Gobierno que modifique el marco regulatorio de la actividad, de manera de poder hacer frente a los nuevos competidores. En concreto lo que solicitan es que haya reformas que les permitan bajar costos para ganar competitividad y, así, ofrecer menores precios al público.
Ahora, lo mismo con una empresa satélite de los Derudder: San José.
Entre los principales acreedores de la Empresa San Jose SA se encuentran el Banco Credicoop y la Obra Social de Conductores de Transporte de Colectivos de Pasajeros, a los que se agregan la Organización Hotelera Costa SRL, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el Banco Macro SA. El juez del concurso clasificó el procesomo como “gran concurso”.
En ese marco, el magistrado dispuso comunicar a los registros respectivos que “la inhibición general de bienes de la entidad deudora, decretada por resolución de fs. 162/4 -08.11.18-, no se encuentra sujeta al plazo de caducidad previsto por el art. 204 párrafo 2) del CPCCER y normas registrales correspondientes, por no tratarse en la especie de una medida cautelar decretada en un proceso de ejecución singular, sino de una dispuesta en el marco de un proceso colectivo -el cual no tiene un período de vigencia determinado- y se funda en la necesidad de conservar la integridad del patrimonio hasta el día que cesa el estado de concurso preventivo”.
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