El programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral) visitó el campo expropiado al ex senador provincial Mario Yedro (PJ) -condenado por delitos de corrupción en una causa originada en una denuncia de la revista ANÁLISIS de 1997- y constató que, aunque está prohibido, hay animales alojados en el predio. También se encuentran allí 50 viviendas terminadas hace más de tres años que nunca fueron adjudicadas. Testimonios de lugareños señalan al diputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos) como quien usufructuó durante buen tiempo el campo e incluso benefició a allegados. Actualmente, el predio está cerrado a la espera de que un proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados le asigne finalmente un destino.
Es un hito de la corrupción entrerriana de 2.164 hectáreas ubicadas en Guardamonte, en el departamento Tala. Es un hito no solo porque fue expropiado al ex senador provincial Mario Yedro (PJ) luego de una causa por enriquecimiento ilícito, sino porque allí se construyeron 50 viviendas rurales que están terminadas hace más de tres años y nunca se adjudicaron, quedando en estado de abandono.
Luego de muchas idas y vueltas, el predio está próximo a convertirse en la Colonia Productiva Guardamonte, un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que se trataría tal vez en las próximas sesiones en el Senado.
Antes de llegar a esta realidad, el gigantesco campo ha tenido diferentes episodios. Sirvió para alojar a centenares de animales que estaban en Islas del Ibicuy durante la inundación e incluso durante buen tiempo, mediante un convenio, fue manejado por el actual diputado provincial Ricardo Troncoso (Cambiemos), quién arrendaba las tierras a terceros y con el dinero colaboraba con instituciones del departamento Tala.
Cuestión de Fondo visitó Guardamonte, recorrió el campo y pudo verificar que muchas de las viviendas abandonadas, a pesar del paso del tiempo, se encuentran en buenas condiciones para ser habitadas.
Cabe consignar que, hasta la aprobación de la ley, el gobierno provincial puso candado a la estancia y determinó la baja de todos los convenios y permisos de arrendamiento. Aunque en la recorrida por la zona se pudo comprobar que esa situación no se cumple, ya que pueden observarse decenas de animales dentro de los campos y, según los lugareños, de diferentes dueños.
Productores de Buenos Aires que le arrendaban un fragmento del campo a cooperativa Delta Ltda. de Villa Paranacito argumentaron ante la consulta del ciclo televisivo que trajeron los animales en el momento de la inundación en las islas y luego ya los dejaron en el predio.
Vecinos de Guardamonte, que prefirieron no salir públicamente, contaron que las decisiones de quién entra y sale del campo las tomaría el diputado Troncoso, quien manejaría como propio el predio. Incluso muchos recuerdan que hace un tiempo atrás, desde la Coordinación de Juntas de Gobierno hicieron sacar 800 animales de propiedad de un amigo íntimo del diputado Troncoso, Jorge Bolzán, quién junto a sus hijos utilizaban la propiedad para el desarrollo de su emprendimiento agropecuario e incluso seguirían actualmente.
Será tarea del Estado y de la Justicia tomar cartas en el asunto en esta irregularidad, corroborar de quién son los animales que se encuentran en el campo, multarlos y evitar usen estas tierras con beneficios personales.
El proyecto de ley que tiene media sanción busca crear una Comisión Asesora que regule el espacio y tome las decisiones, integrada por: dos diputados, un senador, tres representantes de la Secretaría de Producción, un representante del Ministerio de Gobierno, uno de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), uno de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), uno de la junta de gobierno de Guardamonte, uno de la Secretaría de Ambiente y dos de las entidades agropecuarias.
Asimismo, la normativa deja estipulado que la escuela agrotécnica Gobernador Maciá dispondrá de 80 hectáreas y una vivienda de las ya existentes para actividades que sean inherentes a los procesos de enseñanza y aprendizaje del establecimiento educativo. Otras 80 hectáreas serán para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y 20 casas se destinarán a la Policía de Entre Ríos bajo la condición de asumir la prestación gratuita del servicio de seguridad del predio.
El casco de la estancia y las unidades habitaciones no afectadas a destino específico serán administradas por el Estado provincial o por el órgano de administración creado mediante la normativa. (Análisis)
