Es revelado por una pericia realizada sobre los teléfonos celulares de los gendarmes que participaron del operativo en el que desapareció el joven artesano.
¿Dónde está Santiago Maldonado? La justicia da pasos erráticos en la investigación y en esa marcha hace unos días se incorporó al expediente un informe elaborado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal a partir del análisis de los teléfonos celulares utilizados por varios gendarmes que intervinieron en el operativo el 1 de agosto pasado.
En el relato que realizan los propios gendarmes que participaron de la represión surgen datos reveladores, entre ellos, una pista que llega hasta la provincia de Entre Ríos.
«Hay un desaparecido», escribió la gendarme Carmen Saldaño en un mensaje de WhatsApp enviado el 4 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba tres días desaparecido, a las 10.40, a un celular con característica 3442, que es la correspondiente a la ciudad de Concepción del Uruguay, agendado a nombre de «Martín».
En el informe de la Policía Federal se aclara que no se conoce el hilo de la conversación; pero podría permitir a las querellas solicitar medidas respecto de los hechos ocurridos durante la irrupción de Gendarmería al territorio de la comunidad mapuche.
Es que el día anterior a la represión, la gendarme Saldaño formó parte de la patrulla que estuvo sobre la Ruta Nacional 40, junto a Emmanuel Echazú, Daniel Gómez y otros de apellido Coronel y González, donde la justicia presume que Santiago Maldonado estaba entre los manifestantes.
Los audios y mensajes de texto se obtuvieron a partir de las pericias en los teléfonos celulares secuestrados a más de setenta gendarmes que participaron el 1 de agosto pasado del desalojo en la Ruta Nacional 40, que terminó con la violenta irrupción en el predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof Resistencia Cushamen, e integran el expediente que desde el último viernes está en manos del juez Guillermo Lleral. (Página Judicial)
Se conoció el detalle de las pericias telefónicas de los oficiales de Gendarmería Nacional
A casi dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado se conoció el detalle de las comunicaciones entre los Gendarmes que participaron del operativo represivo que terminó con la desaparición del artesano. Allí se observan contradicciones entre la postura pública de los funcionarios de la fuerza de seguridad y sus responsables políticos. Además, se conoció que el gobierno nacional rompió los vínculos con la familia Maldonado a raíz de su negativa a que un equipo de especialistas de la ONU colaboren en la investigación. Las internas de la decisión que se basan en cuestiones meramente electorales y de defensa a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Maldonado permanece desaparecido desde el 1º de agosto cuando la Gendarmería Nacional entró intempestivamente a la comunidad mapuche Pu Lof y reprimió a los integrantes de dicha comunidad.
Los teléfonos utilizados por los gendarmes que participaron de la represión del primero de agosto, que terminó con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pueden ser la clave para avanzar en las investigaciones sobre el accionar de la Gendarmería, más ahora que se produjo el cambio de Juez. Se analizaron los informes de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal (PFA), incluidas en las fojas 1724 a 2370 del Expediente 8232/2017. De ahí surgen varias incógnitas alrededor de los uniformados que quedaron grabadas en las comunicaciones que mantuvieron, como en los documentos y memos internos que intercambiaron con sus teléfonos inteligentes.
El Jefe de la Agrupación Chubut de Gendarmería, Diego Conrado Balari admitió en un Memorándum que “persiguieron manifestantes” sin que hubiera habido flagrancia. Esto coincide con los testimonios de los gendarmes que afirmaron que las órdenes de Pablo Escola, segundo a cargo del Escuadrón 36 fueron “apresar manifestantes”. Según un informe interno hallado en el teléfono de la enfermera Maira Ramos, Emanuel Echazú fue atendido dentro del territorio y no fuera, como había sostenido el uniformado en un primer momento. Esto abona la teoría de las querellas de que Echazú pudo haberse enfrentado con Santiago Maldonado en la costa del río. Otro de los aspectos a investigar es el rol de Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 (El Bolsón). Según el análisis de las comunicaciones, Méndez fue avisado del allanamiento realizado el 16 de agosto, un día antes.
Persecución
El 9 de agosto, el Jefe de la Agrupación Chubut de Gendarmería, envió el Memorandum “R” 91/17 con el objetivo de que todos los uniformados que participaron de la represión del primero de agosto completaran un informe pormenorizado de los hechos del primero de agosto. “Comunico a Ud que en relación al operativo llevado a cabo el 01 de agosto de 2017 entre las 11 y las 12 horas aproximadamente, para despejar la Ruta Nacional 40 (Predio Lof Cushamen ocupado por la comunidad mapuche) en el que personas encapuchadas impedían el libre tránsito y agredieron con piedras al personal de la fuerza, motivo por el cual se procediera a iniciar la persecución de los manifestantes”, firmó Balari.
La ruta ya había sido despejada durante la noche del 31 de julio. De hecho, a la madrugada del primero de agosto, cerca de las 3.30, los gendarmes pasaron por la zona y levantaron las “barricadas”. Durante la mañana, según narró la testigo Ailinco Pilquiman, los gendarmes estaban cerca de la tranquera, algunos disparando, hasta que alguien dio la orden de avanzar. Quien estuvo a cargo del operativo fue Pablo Escola. La orden judicial del ahora ex juez de la causa, Guido Otranto, había sido para despejar la ruta pero no para iniciar una persecución dentro del territorio, como terminó ocurriendo. ¿Quién dio la orden de ingresar a la Lof? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo incidió en el accionar de la Gendarmería la bajada de línea de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, sobre la teoría de la flagrancia? Balari fue uno de los que estuvo presente en la reunión con junto a las fuerzas federales y provinciales de Chubut y Río Negro realizada el 31 de julio, donde quedaron establecidas esas pautas de “persecución”, ejecutadas en el terreno por Pablo Escola.
La herida
Emanuel Echazú es uno de los gendarmes que llegó al río en uno de los pelotones de persecución. En una de las fotos que están incorporadas en el expediente se lo puede ver subiendo del río, con una escopeta en la mano y con su cara sangrando.
-¿Qué te pasó?-, le preguntó el escopetero Aníbal Cardozo a Echazú cuando éste llegó hacia la pendiente que llevaba hacia el río. -No, no, no sé qué me pasó-, respondió Echazú, según la testimonial de Cardozo. La primera versión de los gendarmes era que había recibido un piedrazo del otro lado de la tranquera. Pero Echazú se golpeó (o lo golpearon) dentro del territorio, por eso fue atendido una vez finalizada la represión y cuando Santiago Maldonado ya había desaparecido. Esto no solamente puede corroborarse por los testimonios de otros uniformados sino por el Memo interno obtenido del teléfono de Maira Ramos.
“Quien suscribe me encontraba filmando el operativo hasta el momento que advertí que la Cabo Rita Elizabeth Arjona (Enfermera de la Unidad) y la Gendarme Dagma Beatriz Perez estaban asistiendo al Cabo 1º Ernesto Yañez, quien había sido herido por los manifestantes, circunstancia por la cual procedí a colaborar, posteriormente una vez despejada y asegurada la zona ingresé al predio…En el lugar advertí que el subalférez Emmanuel Echazú también se encontraba herido siendo asistido por el Cabo Primero Diego Ramos”, puede leerse en el Memo interno dirigido a Balari, encontrado en el teléfono de Maira Ramos.
Es decir, las enfermeras ingresaron al predio cuando lo consideraron seguro, Maira Ramos primero realizó un “cacheo” a las dos mujeres que estaban en la casilla de seguridad de la Lof (Claudina y Ailinco Pilquiman) y luego, cuando la persecución ya había terminado, observó cómo Echazú era atendido.
A diferencia de Yañez, cuyo golpe fue denunciado de inmediato a la ART, no sucedió lo mismo con Echazú. En una comunicación telefónica realizada por el primer alférez Daniel Gómez, del Escuadrón 35, realizada el 2 de agosto por la noche, queda claro que los “jefes” no querían hacer la denuncia ante la ART, aunque después cambiaron de opinión, como se desprende de las palabras de Gómez.
Según este gendarme, pieza clave en la reorganización del discurso de los uniformados y en la elaboración de la versión oficial de los hechos, a Echazú le habían “reventado la cabeza” cuando en realidad sus golpes fueron debajo del pómulo.
¿Dónde y cómo se golpeó Echazú? De las pericias realizadas a su teléfono no surge ninguna información, al menos de la analizada por la Policía Federal y enviada a la Fiscalía Federal de Esquel. Solo algunas imágenes pero ningún llamado o mensaje de texto. Nada.
Allanamiento predictivo
El 15 de agosto, el celular de Fabián Méndez recibió un mensaje del usuario identificado como CRINEU, cuyo número finalizaba en 0232. “Mañana temprano allana la lof PFA”, decía el mensaje que recibió el Jefe del Escuadrón de El Bolsón, a las 15.11. ¿Será ese el rol de Gonzalo Cané dentro del expediente, avisar de los procedimientos y de las medidas de prueba que pudieran perjudicar a la Gendarmería?
En ese allanamiento, la policía de Río Negro encontró balas de 9mm que no fueron recogidas. Y luego de ese procedimiento, la orden de Méndez para el resto de los uniformados que participaron de la represión del primero de agosto fue “no se habla más de mapuches a partir de ahora se habla de la RAM”. La nueva orden se refería a la decisión política de mostrar a los mapuche como miembros de una supuesta organización guerrillera que se identifica con esas letras.
El gobierno impidió la intervención de la ONU
Horas antes de que ocurriera, un ala del Gobierno bloqueó el arribo de un grupo de expertos de las Naciones Unidas (ONU) que iba a investigar la desaparición de Santiago Maldonado, evaluar cómo actuaron el Poder Judicial y la Casa Rosada y sugerir ideas para impulsar la búsqueda del joven desaparecido, según reconstruyó La Nación sobre la base de documentos y testimonios de funcionarios y otras fuentes.
El despliegue de esos expertos extranjeros ya había sido aprobado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien debió retroceder a último momento ante funcionarios referenciados con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien busca una salida que preserve a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y no afecte a Cambiemos en las elecciones de octubre.
Esas idas y venidas provocaron, además, que el representante para América del Sur del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Américo Incalcaterra, viajara dos veces desde Chile para firmar el acuerdo, pero debió volverse con las manos vacías. El frustrado arribo de los expertos dejó en evidencia las diferencias que existen en el Gobierno sobre cómo tratar con la familia Maldonado y cómo abordar asuntos judiciales sensibles.
Garavano protagonizó cruces con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien adoptó otra línea de negociación, más cercana al presidente Mauricio Macri, quien no oculta puertas adentro su fastidio con la cobertura periodística del caso Maldonado y su impacto, según él, sólo en el «círculo rojo».
Esas marchas y contramarchas oficiales se plasmaron en unas seis reuniones. La primera fue el martes 29 de agosto, cuando Santiago Maldonado llevaba cuatro semanas desaparecido y el ministro Garavano se reunió con su hermano Sergio en La Plata, en la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, cuyo titular, Mario Coriolano, colabora con la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, y actúa de puente con las autoridades.
La familia le entregó a Garavano un petitorio. Pidió que autorizara a ese grupo de expertos, que aprobara la participación de los investigadores que trabajan con Coriolano en casos de violencia institucional y que el Estado ayudara con los gastos como querellante de la familia. Por ejemplo, con los pasajes aéreos entre Buenos Aires y Esquel.
Dos días después, hubo una segunda reunión en el Ministerio de Justicia. Junto a Garavano estaban Avruj y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Gabriela Quinteros, mientras que Incalcaterra viajó desde Chile para analizar el despliegue de los expertos.
En el encuentro, Incalcaterra estimó que, si se firmaba el acuerdo el fin de semana, el grupo podía arribar el lunes 4. Y lejos de esquivar una respuesta Garavano aceleró. Concluyeron que el despliegue de esos expertos le reportaría dos beneficios al Gobierno: mostrar su interés por impulsar la investigación y hallar a los responsables, y, por el otro, evitar problemas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2011, al condenar a la Argentina por la desaparición de Iván Torres, en Chubut, le impuso «garantías de no repetición».
Los riesgos de una segunda condena son, hoy, elevados. No sólo porque la abogada que representó a la familia Torres, Verónica Heredia, patrocina ahora a los Maldonado, sino también porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ya una señal el 23 de agosto. Dictó una medida cautelar y le reclamó al Gobierno que informara las acciones que había adoptado para investigar lo ocurrido.
Ese jueves 31, los equipos de Garavano, la ONU y los Maldonado avanzaron con la letra chica del acuerdo en la sede del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD). Allí surgió el primer indicio de que algo andaba mal puertas adentro del Gobierno: el emisario de la Secretaría de Derechos Humanos pidió que en el borrador se mencionara esa dependencia por separado del ministerio, del que quería despegarse.
Al día siguiente, la cuarta reunión fue en la ex ESMA, cuando los Maldonado e Incalcaterra pensaron que cerrarían el acuerdo. Pero no fue así. Tras hacerlo esperar dos horas y media, Garavano recibió al representante de la Acnudh para comunicarle que debían retrasar la firma porque la Cancillería había planteado «dudas» sobre la inmunidad que el Estado debería darles a los expertos. Detrás del ministro, que no ocultaba su incomodidad, Avruj lo escuchaba sentado y sonriente, según reconstruyó La Nación.
Garavano procuró restarle relevancia a esa demora. Afirmó que «el lunes» firmarían el acuerdo. Pero cosechó la inmediata corrección de un emisario de la Cancillería, que dijo que podría ser «el martes», pero que no podía garantizarlo. Al enterarse, Sergio Maldonado enfureció e Incalcaterra se volvió a Chile.
Para entonces, la opción de los expertos internacionales seguía viva, a tal punto que la oficina del Acnudh informó que Incalcaterra se había reunido con Garavano, Avruj, Coriolano y la abogada de los Maldonado y que «el ministro dio a conocer el acuerdo al que habría llegado con los familiares de Maldonado para pedir la cooperación y asistencia con la Oficina del Alto Comisionado». No sólo eso. La agencia Télam detalló que el Gobierno le pediría «formalmente a la ONU» su ayuda, pero fue el propio Peña quien levantó el teléfono para corregir los cables de noticias y aclarar que «no era tan así».
En Santiago de Chile, el representante de la ONU mantuvo la quinta reunión. Fue con el secretario de Derechos Humanos bonaerense y ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón, quien había viajado por otro compromiso, pero café de por medio le planteó a Incalcaterra, su viejo amigo, qué ocurría.
Cantón argumentó, en línea con técnicos de la Cancillería, que convocar al grupo de expertos no era la mejor opción. Dijo que afectaría la imagen internacional de la Argentina y que había una «diferencia abismal» entre el caso Maldonado y la desaparición de 43 estudiantes en México -donde sí intervino un grupo de ese tipo-, pero que sí sería bueno el arribo de un «observador internacional» que analizara el cuadro y recomendara medidas al Estado argentino.
El último encuentro fue, entonces, en la Casa Rosada. Y sólo comenzó cuando Patricia Bullrich salió de ese despacho. Participaron Peña; Incalcaterra; Avruj; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Fulvio Pompeo, y, en teoría, Garavano. ¿Por qué «en teoría»? Porque la reunión se adelantó 30 minutos y el ministro llegó cuando ya se había decidido que no convocarían -al menos en el corto plazo- al grupo de expertos ni un observador internacional. Así, el Gobierno había convocado a Incalcaterra a Buenos Aires, por segunda vez, para desistir de lo que el propio Gobierno había acordado.
El ala del Gobierno que se opuso a ese acuerdo lo vivió como un triunfo. Sintió que le evitó a la Argentina un escarnio de proporciones mundiales. Pero terminó así, también, de dinamitar la relación con la familia Maldonado, que lo sintió como un nuevo manoseo e innecesario desplante.
Página 12/La Nación
